Senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), entre ellos los presidentes de las comisiones de Seguridad y de Justicia, Felipe González González y Alejandro González Alcocer, rechazaron que la reforma sobre justicia penal para adolescentes criminalice a los menores. Todos coincidieron en que se trata de la ley secundaria al artículo 18 constitucional, que crea un marco especial para juzgar a menores infractores.

Los senadores, que participaron el 9 de diciembre de 2010 en el debate y aprobación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, rechazaron ayer que se haya bajado a 14 años la edad penal. A quienes tengan esa edad y cometan delitos graves, de narcotráfico y en general crimen organizado, se les privará de la libertad, pero no en cárceles, sino en centros especiales para menores, que sustituirán a los tutelares, comentó el perredista Pablo Gómez.

Gómez aseveró: criminalizar a los adolescentes no fue la idea del Senado, al contrario, fue permitirles la libertad, que la ley actual les dificulta mucho. Se debe tomar en cuenta que ya no hay consejos tutelares. La justicia para adolescentes antes era terrible, porque mantenía en prisión a los jóvenes por tiempo indefinido, nada más por una decisión administrativa.

Ahora, con esta ley tienen acceso a la justicia para adolescentes, con bases y procedimientos distintos a la que juzga a los adultos. Como se modificó la Constitución, logramos meter un tratamiento de justicia para ellos diferente al espíritu correccional que había antes, en donde no tenían garantía ninguna ni derecho a la defensa. Sobre esta base se hizo la ley que nosotros enviamos a la colegisladora, hay que ver qué cambios le hicieron.

La ley la elaboró el priísta Jesús Murillo Karam e indica el derecho al debido proceso y el respeto a los derechos y garantías de los menores, con base en la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre derechos del niño, y se destaca que en esa convención se impuso el paradigma de un modelo de justicia basado en la responsabilidad penal, garantizando todos los derechos y garantías de los adolescentes, de esta manera se transita del viejo y obsoleto modelo tutelar de justicia a uno garantista.

El pevemista Tomás Torres manifestó: esta ley lo que incluye son las medidas de seguridad para menores, entre ellas la de internamiento permanente, que es la más grave prevista en ese ordenamiento, y se debe cumplir en los centros federales de internamiento. La duración de esta medida deberá tener relación directa con los daños causados, sin poder ser inferior ni superior a cinco años cuando el adolescente o adulto joven tenga una edad de entre 14 años cumplidos y menos de 17 al momento de realizar la conducta, y cuando tenga una edad de 16 años cumplidos y menos de 18 años no podrá ser inferior a dos años ni superior a siete años.

Los senadores panistas y presidentes de las comisiones de Justicia, González Alcocer, y de Seguridad Pública, González González, destacaron que dicha ley precisa en qué grados son responsables los adolescentes. Ahora muchos de ellos participan en delitos graves, asesinatos, violaciones sexuales, en el crimen organizado y el narcotráfico. Ahí están los sicarios, muchos son adolescentes.

Como los diputados hicieron cambios a la minuta, la esperan de regreso en el Senado, donde se complica que salga en este periodo.