El colectivo de derechos humanos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) advirtió que la reciente tipificación del crimen de desaparición forzada por parte del Congreso de dicho estado en realidad no ayuda a erradicar esta práctica de lesa humanidad, puesto que su redacción es ambigua y no ofrece elementos reales para que las víctimas tengan acceso a la justicia.

Mediante un comunicado, la organización recordó que el pasado 14 de enero, el gobernador coahuilense, Rubén Moreira, les informó que ya había mandado al Congreso una iniciativa para tipificar en el Código Penal de la entidad el delito de desaparición forzada, con el compromiso de los legisladores de escuchar propuestas y sugerencias por parte de la sociedad civil.

Sin embargo, el 21 de febrero –mientras se recordaba la desaparición forzada del joven Daniel Cantú Iris, ocurrida en el municipio de Ramos Arizpe en 2007–, los integrantes de Fuundec se enteraron de que los diputados locales ya habían aprobado el documento enviado por Moreira, sin consultar con las organizaciones cercanas al tema.

Al actuar de esta forma, las autoridades de Coahuila demostraron que su prioridad nunca fue responder al problema de seguridad que vive el estado, ya que el proyecto de Moreira no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Prueba de ello, señaló el grupo, es el hecho de que la tipificación pasa por alto la posible aquiescencia de las autoridades, es decir, el consentimiento de éstas en que ocurra un delito. Además, por dicho crimen se establece una penalidad más baja que por el de secuestro, pese a tratarse de un acto de lesa humanidad.

“La redacción confusa del tipo penal propuesto por el Ejecutivo y aprobado por los legisladores abre la puerta de la impunidad. Integra elementos como que la conducta se debe cometer ‘en abuso’ de sus funciones y no especifica claramente las conductas delictivas que pueden configurarlo”, alertó Fuundec.

Por todo ello, urgió al gobierno de Coahuila a diseñar un mecanismo que verdaderamente permita castigar y erradicar la desaparición forzada, con base en estándares internacionales de derechos humanos, y pidió a la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el rubro, que esté al tanto de dicho proceso.