Modificaciones vulneran derechos indígenas y de la infancia
Lunes 20 de febrero de 2012, p. 18
La propuesta de reformas a diversos artículos de la Constitución para fomentar las actividades turísticas, afecta los derechos de los pueblos indígenas y desvía el sentido de propiedad de la nación sobre tierra, agua y recursos naturales, para imponer como prioridad el otorgamiento de concesiones, advirtieron organizaciones sociales.
La iniciativa utiliza el principio de sustentabilidad como complemento trivial de la actividad turística; excede el ámbito económico y se involucra en disposiciones constitucionales muy delicadas, como son los derechos indígenas y de la infancia, la educación y las obligaciones del Estado hacia los ciudadanos, señalaron Maderas de Pueblos del Sureste y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Es preocupante que después de haber avanzado en una amplia reforma constitucional en materia de derechos humanos, ahora prefieran reformar a favor del turismo antes que ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es un pendiente importante con la sociedad, el medio ambiente y los pueblos originarios.
En el documento que entregarán a la Cámara de Diputados, las organizaciones sociales destacan que la reforma al artículo 27 constitucional para considerar como prioritaria la concesión de playas, áreas naturales protegidas, lagunas y ríos cuando el gobierno federal considere que puedan ser susceptibles de explotación para proyectos de turismo sustentable, es una grave afrenta contra los pueblos indígenas
.
Apuntaron que desarrollos turísticos como en Tenacatita y Mezcala, Jalisco; Ostula, Michoacán; Cabo Pulmo, Baja California Sur; Isla Blanca, Quintana Roo, entre otros, revelan que el gobierno federal y los estatales prefirieron proteger los intereses de los empresarios antes que los de los grupos sociales afectados, el medio ambiente y la tierra.
Pidieron a los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales que antes de dictaminar escuchen a la ciudadanía, en particular a los pueblos indígenas, y no actúen por encima de los derechos y aspiraciones de la población.