La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió su recomendación 75/-2011, en la que advierte sobre un caso de detención arbitraria y tortura contra cinco personas, cometido el año pasado por la Policía Federal en Ciudad Juárez, Chihuahua, para obligarlas a incriminarse de homicidio y de pertenecer a una banda de la delincuencia organizada.

De acuerdo con la investigación del organismo dirigido por Raúl Plascencia Villanueva, el 11 de agosto de 2010 las cinco víctimas en cuestión fueron detenidas por elementos de la Policía Federal sin ninguna orden de arresto.

Después fueron sometidas a actos de tortura –e incluso una de ellas a violación sexual– para obligarlas a firmar una confesión en la que se declaraban miembros de un grupo criminal que había cometido varios delitos, entre ellos el atentado con cochebomba ocurrido en Ciudad Juárez el 15 de julio del año pasado.

Los quejosos, además, señalaron que se les mantuvo incomunicados, hasta que diversos medios informativos publicaron imágenes y notas sobre ellos, gracias a lo cual sus familiares pudieron saber que se encontraban detenidos en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

Dos días después de su arresto, las víctimas fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público, acusadas de delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, por lo que fueron arraigadas. Al percatarse de las evidencias de tortura en su contra, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos presentó una denuncia, detalló la recomendación.

Luego de realizar sus pesquisas, la CNDH concluyó que las cinco personas fueron retenidas injustificadamente por al menos 20 horas y sufrieron agravios contra su derecho a la legalidad, la integridad y la seguridad personal.

Por todo ello, solicitó a la Policía Federal que tome las medidas necesarias para reparar el daño a las víctimas mediante tratamiento físico y sicológico; ordene que se imparta un programa de capacitación integral en derechos humanos a sus agentes, y otorgue cámaras de video a sus servidores públicos para que puedan comprobar su apego a los protocolos de seguridad, sin menoscabo de las garantías de los detenidos.

De igual forma, pidió que los médicos de la Secretaría de Seguridad Pública federal certifiquen de manera objetiva el estado de salud de las personas detenidas, tomando nota de lesiones cuando éstas se presenten, y que se colabore en todo con la CNDH para investigar a los elementos policiacos involucrados en la detención arbitraria y tortura de las víctimas.