n un comunicado emitido anoche, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y autoridades federales –representantes de las secretarías de Gobernación (SG) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Comisión Nacional del Agua– señalaron que evalúan los efectos del cierre del llamado Bordo Poniente y sostuvieron que actuarán en forma coordinada para lograr la clausura definitiva de ese tiradero. La SG, en tanto, informó que apoyará en las negociaciones entre el gobierno del estado de México y el GDF para lograr acuerdos en torno al destino de más de 2 mil toneladas de basura que eran depositadas diariamente en el Bordo Poniente, y que hoy se trasladan a municipios mexiquenses como Ixtapaluca, Xonacatlán y Cuautitlán.
El contexto de tales pronunciamientos es la persistencia en los problemas de recolección de desperdicios en varios puntos de la capital, situación que ha sido atribuida al cierre anticipado del citado tiradero, el pasado 19 de diciembre. Ayer, al pronunciarse sobre el asunto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal anunció que analiza interponer una queja de oficio por la presumible violación de derechos ambientales de los habitantes de la urbe. Por su parte, el titular del GDF, Marcelo Ebrard, reconoció fallas de logística en el manejo de los desechos, pero señaló que el problema estará solucionado esta misma semana.
La coordinación que se anuncia entre los gobiernos del Distrito Federal, del estado de México y la administración federal es en principio una buena noticia, porque parece conjurar el manoseo político a que se había prestado la problemática que enfrenta la capital, y porque proyecta, la percepción de una responsabilidad compartida entre autoridades de distinto nivel y signo político. Sin embargo, y sin desconocer que el citado cierre representa –como sostuvo ayer Ebrard– la operación más compleja en décadas en materia de residuos, cabe preguntarse si la actuación conjunta de las referidas autoridades no tendría que haberse manifestado –en la realidad, más que en el discurso– desde mucho antes.
Desde hace casi una década, en 2003, las autoridades locales y federales tenían conocimiento del desgaste y la saturación de ese relleno sanitario y sabían de la inminencia de su cierre; pero, precisamente por la complejidad que conllevaba la clausura del Bordo Poniente en lo inmediato, el GDF y la Semarnat acordaron una primera extensión de la vida del mismo y pactaron que la clausura se produciría a mediados de 2008. Vencido ese plazo, las autoridades federales accedieron a que el cierre se pospusiera para enero de 2009; sin embargo, el GDF argumentó, de nueva cuenta, que no estaba preparado para el fin de las operaciones en el relleno sanitario y solicitó una nueva prórroga, la cual vence el próximo 31 de enero.
Así, por más que los gobiernos local y federal se digan ahora dispuestos a evaluar
los efectos del cierre del tiradero, tal evaluación tendría que haberse iniciado antes de fijar un plazo perentorio para su clausura definitiva. A fin de cuentas, las autoridades tuvieron a su disposición un margen de maniobra de casi tres años –si se toma como referencia la última prórroga concedida– para tomar las medidas necesarias, concretar espacios alternativos para el depósito de los desechos, diseñar programas logísticos que redujeran los tiempos de transportación y descarga de basura, y minimizar, en suma, el impacto del cierre. Si hubieran actuado así, tal vez se habría evitado que la capital del país culminara el año anterior e iniciara el presente en medio de montañas de basura. En cambio, la actitud omisa que mostraron deja ver indolencia e improvisación burocráticas, sino es que un abierto desdén por la ciudadanía.
La falta de previsión no sólo supone afectaciones para la sociedad –de índole sanitaria y ambiental, en este caso–, sino además trae un ineludible costo en términos políticos, así como un profundo sentir de precariedad y desconfianza en los servicios públicos y en las autoridades responsables de proveerlos, independientemente de su signo y del nivel al que pertenezcan. Cabe esperar que las autoridades metropolitanas y las federales cobren conciencia de ello, y que la coordinación anunciada ayer prefigure una solución rápida, factible y sustentable al problema.
