Los siete puntos anunciados el viernes por el presidente Felipe Calderón para respetar los derechos humanos, en el marco de la nueva etapa de la guerra contra el crimen organizado, son un reconocimiento tácito de que la estrategia de seguridad pública ha atentado contra las garantías básicas de los ciudadanos y podría ser un buen punto de inicio para corregir algunos aspectos.

Así lo afirmaron activistas de organizaciones civiles, quienes llamaron al gobierno a no presentar dicho plan como un favor o una concesión especial, sino asumir que son su responsabilidad institucional y dar muestras de que verdaderamente piensa actuar en consecuencia.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que la primera impresión que le causan los puntos anunciados por Calderón es buena, ya que coincide con muchas peticiones que han enarbolado las organizaciones de defensa de las garantías individuales.

Sin embargo, indicó, ese listado de acciones ya tendría que ser parte de la operación normal del Estado mexicano, y el hecho de enunciarlas ahora de esta forma es un reconocimiento implícito de que su política de derechos humanos no tiene claridad.

Leídos de forma general, corresponden en cierta medida con los planteamientos que se les han hecho para respetar las garantías básicas de los ciudadanos. El problema empieza en que no hay condiciones para cumplirlos, y así quedarían sólo como buenas intenciones, alertó.

Un ejemplo de lo anterior es que prácticamente ningún cuerpo de seguridad tiene reglamentos para limitar el uso de la fuerza. Mientras no haya condiciones estructurales para cumplir estos puntos, tendremos que esperar mucho para verlos en la realidad. No están mal, pero todavía tenemos que ver cosas mucho más concretas, apuntó.

David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, coincidió en que el cumplimiento de los estándares mínimos de derechos humanos no puede ser planteado por el gobierno como acción especial, sino como parte de su trabajo institucional normal.

Como punto de arranque me parecen bien, pero sigue siendo poco, porque el Estado los presenta como concesiones o como favores, cuando en realidad son su obligación. El gobierno ha sido omiso y laxo en el respeto a los derechos humanos, justificándolo por la guerra contra el narcotráfico, subrayó.