Senadores de PRI, PRD y PT solicitaron al presidente Felipe Calderón que en lugar de lamentar la incapacidad oficial para defender activistas actúe para frenar la cacería de éstos y de defensores de derechos humanos.

Consideraron que el plan de siete puntos que anunció el Ejecutivo no es más que otro discurso con fines electorales; el perredista Carlos Sotelo sostuvo que grupos paramilitares ya operan en el país.

Es cinismo que Calderón diga que lamenta que sus funcionarios no pueden proteger la integridad de líderes sociales, comentó la senadora del PRD Yeidckol Polevnsky. Agregó que con esa afirmación el Presidente no hace más que reconocer su incapacidad.

El priísta Francisco Arroyo comentó que lo que se demuestra es que al Estado mexicano se le está yendo la posibilidad real de cumplir con su obligación de proteger a la ciudadanía. Hizo notar que lo riesgoso es que la subversión de la ley se está haciendo casi de manera general en el país.

Agregó: cuando ello ocurre, el Estado de derecho no sirve. Al respecto, el perredista Carlos Sotelo expresó que, aunque el gobierno lo niegue, los asesinatos y agresiones de líderes sociales son parte del paramilitarismo que ha surgido en varios puntos del territorio nacional.

Hay grupos paramilitares que se han ido formando al amparo del poder político y económico regional, y luego actúan por su cuenta y en total impunidad, recalcó.

Carlos Sotelo consideró que en lugar de lamentar la incapacidad de su gobierno, lo que Calderón debe hacer es reconocer su responsabilidad y actuar, porque se corre el riesgo de que se amplíe la acción de los paramilitares. En Colombia tardaron 15 años en extirparlos.

Restó importancia al anuncio presidencial del plan de siete puntos para el respeto a los derechos humanos en los operativos contra el crimen organizado. Es puro discurso. Cada determinado tiempo anuncia decálogos y no pasan de ser palabras, mientras en los hechos la violencia criminal va al alza, pero también la del Estado.

Su compañera de bancada Yeidckol Polevnsky coincidió en que se trata de pura demagogia electorera, ya que en cinco años no ha hecho nada por detener y castigar los abusos de las fuerzas armadas contra civiles. Preguntó cuántos de los más de 50 mil muertos eran en realidad delincuentes.

Deploró que en lugar de cumplir su responsabilidad, Calderón se asuma como parte de la sociedad civil y se queje de la incapacidad de su gobierno para impedir las ejecuciones de defensores de derechos humanos y de padres de víctimas que exigen justicia.

Sobre el tema, el petista Ricardo Monreal planteó su escepticismo. En cinco años, subrayó, Calderón no ha querido escuchar las voces que piden cambiar la estrategia contra el crimen organizado, y no lo hará ahora. Actúa con fines político-electorales.