Pese a estar prohibido por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, de enero a septiembre se incrementaron 17 por ciento las denuncias de despido de trabajadoras embarazadas, principalmente del sector privado, al sumar 35, informó Ramón Montaño Cuadra, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Anunció una campaña de concientización dirigida a los patrones de la iniciativa privada agrupados en las diversas cámaras empresariales de la ciudad, y a las diversas instancias del gobierno capitalino, para que frenen esos despidos. Dicha campaña incluirá el envío de cartas y pláticas en los centros laborales.

Se trata, dijo, de insistir en que respeten el estado de gravidez de las trabajadoras, sus ausencias por cuestiones médicas y evitar despidos, pues hemos observado un ligero incremento en esas denuncias de enero a septiembre.

El funcionario explicó que el año pasado se registraron 30 liquidaciones de mujeres embarazadas que laboraban principalmente en la iniciativa privada, lo cual lleva a juicios, donde insistimos mucho en la conciliación, en la reubicación de áreas y responsabilidades, ya que la mujer requiere, sobre todo, evitar sobresaltos para llevar a buen término su embarazo.

Dijo que en algunos casos, una vez que se entra en contacto con el patrón y reiteramos que viola la Constitución, generalmente acceden a pagar las prestaciones que marca la legislación laboral, incluso después del parto.