Los señalamientos de opacidad en el manejo de las deudas públicas de las entidades federativas propiciaron visiones encontradas en la Cámara de Diputados, donde la presidenta de la Comisión de Vigilancia, Esthela Damián Peralta, adelantó que el PRD solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión especial para Coahuila, a lo que el coordinador del PRI en San Lázaro, Francisco Rojas Gutiérrez, respondió que se trata de una simulación al expresar sólo verdades a medias.

El líder de la bancada del PRI reprochó que se emitan juicios y amenazas contra el gobierno coahuilense, porque cualquier reforma a la Ley de Coordinación Fiscal debe implementarse para fiscalizar a todos los gobiernos y no a uno en particular, pues ello sería una simulación.

El legislador recordó que las deudas de los gobiernos son pagadas por los ciudadanos y es a ellos a quienes hay que ofrecerles transparencia y claridad.

Con dureza, reprochó la pretensión de aprobar modificaciones a modo para exhibir o castigar a un gobierno en particular. Al preguntarle si la responsabilidad fiscal y presupuestaria que se atribuye al gobierno de Coahuila forma parte de una campaña, Rojas Gutiérrez respondió: Eso no me consta, pero sí son evidentes los ataques contra un gobierno, que como cualquier otro se endeuda, incluidos los surgidos de todos los partidos.

Antes, Esthela Damián había adelantado que su partido (PRD) propondrá una reforma a fondo de la ley de presupuesto, con el objetivo de revisar las cuentas públicas del gobierno federal un año después de haber concluido el ejercicio del gasto.

Calificó de urgente modificar la legislación mencionada, para incluir castigos y penas ejemplares a los funcionarios que manejen discrecionalmente los recursos públicos y aumenten desproporcionadamente las deudas de los estados.

Anunció que el partido del sol azteca solicitará a la ASF que revise el historial de deuda contraída por las autoridades de Coahuila. Aclaró que si bien el ente fiscalizador no puede supervisar los gastos del presupuesto (ello corresponde a los órganos especializados en cada entidad), la deuda adquirida por algún gobernante sí es susceptible de ser analizada.

Paralelamente, el documento Análisis de la deuda pública en estados y municipios, de la ASF, señala que entre 2005 y 2009 los estados con mayor alza de su deuda fueron Chihuahua, 901.9 por ciento; Jalisco, 147.1, y Nuevo León, 100.9. Las entidades con índices más bajos fueron Distrito Federal, 9.2 por ciento, y estado de México, 3.9.

El texto Entorno de la deuda de las entidades federativas, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considera que los estados con mayor incremento de deuda como porcentaje de las participaciones federales son Nuevo León, 166 por ciento; Sonora, 133; Chihuahua, 100; Veracruz, 83; Jalisco, 79; Coahuila, 78; Baja California, 77, y Michoacán, 75.

En ese sentido, el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados un documento, en el cual puntualiza datos relevantes sobre deuda pública y transparencia.

El escrito sostiene que la deuda de Sonora y Chiapas representa para cada uno cerca de 4 por ciento de su producto interno bruto, lo cual quiere decir que es la proporción más alta en el país. En tanto, Nuevo León mantenía en 2009 la más alta por habitante: 6 mil 300 pesos.

Juan Pardiñas, director general del instituto mencionado, comparó en seis estados del país la deuda por habitante entre 2005 y 2009. Así, en Chihuahua hace seis años cada habitante debía 497 pesos, y en 2009, 4 mil 26. Oaxaca pasó de 170 pesos a mil 308; Tamaulipas, de 149 pesos a 2 mil 153; Chiapas, de 404 a 2 mil 118; Nayarit, de 467 a 2 mil 367, y Coahuila, de 158 a 615.