La dirigencia nacional del PAN tomó la palabra al líder del PRI, Humberto Moreira, y se dijo dispuesta a debatir sobre la violencia en el país.

Guillermo Anaya, coordinador de sinergia del Comité Ejecutivo Nacional del blanquiazul, consideró que el ex gobernador de Coahuila debe explicar lo que ha sucedido con las investigaciones sobre cientos de desaparecidos en esa entidad y los hallazgos de narcofosas.

Calificó de desastroso el desempeño de Moreira en la contención de la violencia y combate a los delitos del fuero común, los cuales han aumentado significativamente en años recientes. Por ejemplo, subrayó, el índice de secuestros se elevó 350 por ciento en el último año que gobernó.

Al continuar el pleito entre el PAN y la dirigencia priísta, pidió al ex mandatario que explique por qué 73 por ciento de muertes atribuidas a rivalidades delincuenciales, esto es, casi tres de cada cuatro, ocurren en estados gobernados por el PRI.

Anaya, ex candidato a la gubernatura de Coahuila, resaltó que el peor aumento del índice de la violencia ha ocurrido en Coahuila, donde se registra un repunte de 2 mil por ciento, seguido por Chihuahua, con mil 700, y Tamaulipas, 400 en los pasados tres años

En conferencia de prensa, se refirió a las acusaciones del dirigente priísta de que el gobierno federal y el PAN orquestaron una campaña de desprestigio en su contra. Manifestó que esa imputación constituye una falta de respeto a la inteligencia de los mexicanos, pues pretende ocultar de un plumazo sus vicios políticos y errores como servidor público.

Por más que diga que hay un complot en su contra, el hecho evidente y ahora inocultable, por más que lo negó muchos meses, es el quebranto en las finanzas públicas de Coahuila, enfatizó.

Destacó que Moreira no quiere hablar sobre ese tema porque las agencias calificadoras han respondido a sus acciones, pero tendría que dar la cara por el alto costo que representa la restructura de la deuda en condiciones de crédito regulado. Algunas fuentes estiman que los préstamos tendrán para los coahuilenses un costo superior a mil 300 millones de pesos anuales por más de 30 años, como consecuencia de las mentiras del ex mandatario y la degradación de las calificadoras a la administración estatal, puntualizó.

Añadió que el priísta no puede decir unilateralmente que se cierre el tema de su gobierno desastroso. En asuntos de su gestión económica debe explicar los actos presuntamente delictivos, como falsificación y ocultamiento de información.

Guillermo Anaya consideró que en cualquier país democrático el dilema no es continuar o no hablando sobre un tema, sino debe haber consecuencias y responsabilidades penales y administrativas por esos hechos.