Madrid, 4 de agosto. La discriminación histórica de los pueblos indígenas en México persiste, pero se han sumado factores que hacen que sus condiciones de vida sean más duras y complejas: la proliferación de proyectos de extracción de recursos naturales y turísticos en sus territorios, la criminalización de movimientos sociales de base y la militarización. Según el informe de Amnistía Internacional, Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo, en “numerosas partes del país dichas comunidades sufren violencia.

En México se vive una situación muy compleja, y es difícil decir que los indígenas sean más vulnerables ante la violencia que enfrenta el país. Lo que está claro es que la impunidad hacia abusos que protagonizan tanto integrantes del Ejército mexicano como organismos oficiales es tan alta, que se ha convertido en un patrón que dificulta más la salida de esta situación, explicó Fernanda Daz Costa, redactora del informe de AI.

En el documento se explica que los pueblos indígenas, y en particular las mujeres, sufren violencia y discriminación. Incluso cita los casos resueltos en 2010, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que falló en favor de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega por una violación múltiple perpetrada por militares.

Hasta la fecha las autoridades no han aplicado las sentencias. Estos emblemáticos casos permanecen bajo jurisdicción militar, mientras los perpetradores siguen en libertad y Rosendo y Fernández continúan sin recibir reparaciones.

Daz Costa advirtió que la impunidad generalizada hace aún más difícil que la víctima denuncie los abusos, que según los indicios y las quejas han aumentado con la salida del Ejército a las calles del país. Las indígenas violadas por efectivos del Ejército mexicano hablan muchas veces en nombre de tantas mujeres que no se atreven a denunciar. Y de nuevo nos encontramos con el patrón de impunidad, que además convierte a la víctima en doble víctima, pues en repetidas ocasiones son sometidas a procesos judiciales injustos, al escarnio social y a actuaciones denigrantes que no respetan estándares mínimos de un proceso judicial. Así que no sabemos el alcance de la tragedia, ni cuántas víctimas más hay. De hecho las indígenas mexicanas han manifestado que además de ser violadas por agentes del Estado, cuando denuncian sufren un maltrato permanente de otras instituciones del Estado, señaló Daz Costa

En el informe se cita el caso de La Parota, en el cual comunidades locales de campesinos e indígenas afectadas por el proyecto construcción de la hidroeléctrica ganaron un importante juicio. Los jueces resolvieron que la asamblea comunitaria organizada por el gobierno local para aprobar la expropiación de tierras obró al margen de la ley. Las comunidades han pedido que se abandone el proyecto.

Otros problemas en México es el hostigamiento permanente y la persecución policial a líderes indígenas. Eso es una constante, sobre todo cuando hay de por medio algún proyecto de desarrollo o de extracción de recursos naturales. El caso de La Parota es uno de ellos, que aún estamos documentando, dijo la relatora.