Madrid, 4 de agosto. Los pueblos originarios de América, desde Canadá hasta el cono Sur, viven afectados por numerosos proyectos de desarrollo y de extracción de recursos naturales, pues la mayoría de ellos se establecen en sus territorios y suponen una verdadera amenaza, que puede llegar a su desaparición.

Según el informe de Amnistía Internacional sobre los pueblos indígenas, Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo, a la marginación y discriminación histórica se suma ahora la connivencia entre los diferentes estados con grandes multinacionales, que además de provocar desastres medioambientales han sembrado división y discordia entre las comunidades indígenas.

Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el próximo 9 de agosto, AI llamó a los gobiernos de América para que dejen de dar prioridad a proyectos de desarrollo sobre los derechos de esas comunidades, pues son los principales perjudicados de los planes de extracción de minerales, recursos energéticos o de aprovechamiento de parajes naturales para grandes consorcios turísticos. Esto ocurre en la Amazonia, pero también en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica o en el cono Sur. Se calcula que 40 millones de indígenas viven en América.

Resulta alarmante comprobar cómo se violan continuamente los derechos humanos de millones de indígenas en toda América. Su supervivencia cultural y física se encuentra ahora en peligro porque no hay voluntad política para reconocer, respetar y proteger sus derechos, cuando éstos se consideran un obstáculo para el crecimiento económico, explicó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de AI.

Una de las conclusiones del informe, basado en el trabajo de campo y en la recopilación de denuncias y alertas de las propias comunidades, es que los pueblos indígenas se han convertido en un estorbo para los intereses comerciales, por lo que los amenazan, los desalojan por la fuerza, los desplazan y hasta los matan en su afán por explotar recursos naturales de las zonas en las que viven. Un drama que se ha agudizado por factores financieros, como la extracción de recursos naturales que sostienen las economías de varios países de la región y la recurrente corrupción de los gobiernos con grandes empresas.

Por ejemplo, en Brasil prosigue la construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu, en la Amazonía, a pesar de la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para detener el proyecto hasta que se evalúe exhaustivamente su impacto sobre las comunidades. En países de toda la región como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú se ha omitido consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar leyes que amenazan su medio de vida. También se han realizado planes de desarrollo en tierras ancestrales sin respetar su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Fernanda Daz Costa, redactora del informe de AI, explicó a La Jornada que “preocupa el aumento del interés en ciertas materias primas y recursos naturales en territorios de esas poblaciones.

“Pero también destaca que se ha incrementado la organización de los propios indígenas para expresarse. Sin embargo, la constante es un escenario de intensa conflictividad social que en muchos casos deriva en violencia, enfrentamientos en los que se involucran agentes del Estado. O la violencia la ejercen los propios servicios de seguridad de empresas que buscan extraer recursos naturales. Así que los agentes externos (las empresas) operan para dividir a las poblaciones. Hay casos de comunidades que se enfrentan entre sí.

La investigadora reconoció que es difícil probar la relación de grandes empresas con los asesinatos políticos, la persecución judicial, amenazas y la desaparición forzada de líderes indígenas. Pero hay muchos indicios y denuncias que apuntan a esa teoría, la de la participación de servicios de seguridad de multinacionales en la creación de grupos paramilitares o que eliminan a líderes problemáticos. Todo esto con la connivencia del gobierno o del Estado, explicó Daz Costa, citó como caso paradigmático el de la comunidad Sarayacu, en Ecuador, que hoy está ante la CIDH. En este caso la comunidad probó que la empresa Texaco llegó acompañada del ejército en la década de los 90 y cometió numerosos secuestros, amenazas, violencia y asesinatos. Digamos que la empresa y el gobierno actuaron de forma coordinada, explicó.

Indicó que hay numerosas denuncias de la supuesta vinculación de multinacionales que financian a paramilitares, que en el caso de Colombia han ocasiondo muertes y destrucción el país. Muchas veces el eje de la discriminación es que el Estado no tiene herramientas legales suficientes para exigir a las empresas que actúen con base en los derechos humanos. Los organismos fiscalizadores del Estado no funcionan o simplemente la corrupción se impone.

El informe completo se puede consultar en la siguiente dirección: www.amnesty.org