Luego de varios meses de presión, el gobierno mexicano dará a conocer hoy un mecanismo de protección para los defensores de derechos humanos, pero sin que hasta el momento esté claro cuál es el método de funcionamiento de dicha iniciativa, y sin haberlo consensuado antes con los propios activistas interesados, lamentaron integrantes de organizaciones independientes.

En el contexto de la visita de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, las autoridades van a presentar el citado mecanismo, lo cual es un logro de los colectivos que han peleado por ello, pero todavía no se han explicado bien los detalles del proyecto, advirtió Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.

Las organizaciones no gubernamentales presentamos una propuesta al respecto hace un año, y tuvimos una reunión de seguimiento hasta enero de 2011. Nos preocupa la dinámica de trabajo de la Secretaría de Gobernación, porque sus lapsos han sido muy prolongados, y somos nosotros los que hemos sido más insistentes al respecto, dijo.

Silvia Vázquez, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señaló que el gobierno ha mostrado una gran falta de voluntad política para avanzar en este ámbito, y únicamente simula que cumple sus compromisos.

Por ello, las organizaciones convocantes exigieron que el Estado garantice ciertos requisitos mínimos para el mecanismo, entre ellos que las diversas entidades de la República estén bien informadas sobre el documento; que se tome en cuenta la opinión de los colectivos al respecto, y que dicho proyecto cuente con un presupuesto interinstitucional suficiente.

Asimismo, pidieron que se incluya una definición amplia de lo que es un defensor de derechos humanos; que las decisiones del nuevo organismo de defensa sean vinculantes; que éste tenga continuidad sin importar los cambios de gobierno, y que incluya también medidas de prevención e investigación claramente establecidas.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, lamentó que las autoridades nacionales sigan descalificando y criminalizando a los defensores de derechos humanos, especialmente en las zonas donde ocurren más abusos.

El mecanismo es bienvenido, pero no queremos que nos regateen la ayuda ni que haya falta de recursos públicos. Por eso decimos que no nos pueden dejar fuera de la discusión en esto, apuntó.

Jacqueline Sáenz, coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pidió a su vez que Navi Pillay dé seguimiento al mecanismo gubernamental, y que este esfuerzo no sea opacado por otros temas, como las elecciones presidenciales de 2012.