Ante la falta de resultados de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) presentará una solicitud de información a la Procuraduría General de la República (PGR), para que ésta responda cuáles son los pendientes que dejó la instancia en cuestión.

José Rosario Marroquín Farrera, director del Prodh, explicó que la finalidad de esta iniciativa es reabrir todos los casos no concluidos y llevarlos hasta un término satisfactorio. Añadió que la actual impunidad es resultado directo de la ocurrida en los años 70 y 80, ya que los responsables de la violencia de Estado de aquel entonces nunca fueron juzgados ni castigados.

El presidente Felipe Calderón tuvo ante sí la posibilidad de iniciar un proceso de justicia transicional y de conocimiento de la verdad histórica, pero lo desperdició, lo que ha frustrado un verdadero paso hacia la democracia, lamentó Marroquín Farrera.

Algunas de las preguntas incluidas en la solicitud, que se enviará a la PGR en los próximos días, se refieren a la cantidad de procedimientos y averiguaciones previas que la Femospp dejó en manos de la coordinación general de investigación; cuántas denuncias más se recibieron desde que la fiscalía desapareció, y cuántos casos se consignaron, reservaron o archivaron.

Por su parte, John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, lamentó que la fallida transición democrática en el país haya dejado cotos reservados que permanecen fuera del escrutinio de la gente, particularmente las fuerzas armadas.

Luego de resaltar las coincidencias entre la represión de Estado de los años 70 y la actual, el especialista subrayó que al perpetuar la impunidad y negarse a cumplir las sentencias de la justicia interamericana, el gobierno mexicano desconoce de facto al derecho internacional, e insiste en practicar una estrategia de seguridad pública que ha dejado más de 40 mil muertos.

Ackerman indicó que no hay ninguna razón legal para que la PGR se niegue a atender la solicitud de información –integrada por 10 puntos–, y afirmó que si ello ocurriera, se presentará una queja ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.

El investigador universitario recordó que la Femospp no dio resultados, más allá de un informe histórico cuyas conclusiones no se tomaron en cuenta, y aseveró que un ejemplo de que los crímenes de Estado de la llamada guerra sucia aún siguen vigentes, es el asesinato de Isabel Anaya Nava, ex esposa de Lucio Cabañas, y su hermana Reyna, el pasado domingo 3 de julio.

La solicitud del Prodh, dijo, tendría que ser contestada en un plazo aproximado de un mes, aunque el proceso legal pueda ser eterno, y enfatizó la importancia de no abandonar nunca la exigencia de saber la verdad histórica sobre las violaciones a los derechos humanos en todas las épocas.