Nadie organizó una manifestación por su asesinato, ni siquiera una investigación criminal; la ejecución en Monterrey por accidente de cinco otomíes apenas ocupó un espacio en los medios de comunicación durante un par de días, luego el asunto pasó a la lista interminable y olvidada de víctimas inocentes de la guerra contra el narco.

El componente de discriminación estuvo presente desde el principio. En lugar de trasladar los cuerpos en una ambulancia, fueron llevados al anfiteatro por la policía ministerial en una grúa que tiraba de la camioneta donde viajaban. Nadie supo si alguno aún respiraba. Eran pobres, indígenas y albañiles. Fueron acribillados por un grupo armado el pasado 11 de mayo en la avenida Churubusco, aparentemente por error.

Andrés González Ramírez, de 52 años de edad; su hijo David González Juárez, de 20 años; su yerno Jacinto Hernández Gómez, de 35 años; Juan Marcial Genaro, de 23 años, y su sobrino Luis David Julián Marcial, de 16, regresaban de trabajar del aeropuerto en una camioneta Ford pick up cabina y media del año 2000, color arena, cuando un comando les disparó desde dos vehículos en movimiento a las cinco y media de la tarde.

Anastasia González Juárez perdió a su esposo, a su hermano y a su padre. Vive en una casa de dos cuartos en la colonia Lomas Modelo, ampliación Norte, un asentamiento irregular colgado de un cerro, sin asfaltar y sin drenaje. Camina afanosamente entre cachivaches en el patio preparándose para salir. Después de tres semanas la policía podría regresarle la camioneta de su marido. Entre las pertenencias devueltas faltaba incluso el dinero de su cartera y nadie le dio razón.

El día del asesinato se enteró en el noticiero de las nueve de la noche de lo ocurrido. A pesar de que todos traían identificación nadie les avisó de la tragedia. Fueron al anfiteatro del Hospital Universitario, de allí los enviaron al Hospital Metropolitano, luego a la Policía Ministerial. Allí les dijeron que todos habían fallecido: “Yo no podía creer aquello. Venían con ropa de trabajo. ¿Cómo es posible que los hayan confundido con sicarios? Nomás por la camioneta. En un principio en las noticias se dijo que los policías ministeriales fueron quienes los asesinaron. Luego nos dijeron que fueron los malos los que los mataron. ¿Quién fue? A estas alturas no sabemos, ni siquiera han investigado”.

Anastasia sigue inconsolable. Al dolor de la pérdida se añade el desprecio y el racismo que han padecido. No entiende por qué ese día del suceso en menos de 10 minutos llegaron todas las patrullas y la grúa se llevó la camioneta con los cinco hombres, sin esperar la ambulancia, ni la atención médica que determinara si estaban vivos o muertos. Cuando fueron a buscarlos a la Policía Ministerial nadie quiso atenderlos. Les dijeron que volvieran al día siguiente a la siete de la mañana, y así lo hicieron, pero tuvieron que pasar 11 horas más yendo de una dependencia a otra, hasta que finalmente les entregaron los cuerpos.

Desde el principio el trato fue discriminatorio, muy racista –dice María Eva Rodríguez Gómez, activista comunitaria de la zona–. Supimos que cuando los ministeriales se llevaron la camioneta con ellos arriba, uno todavía tenía signos vitales. Y no les interesó. Es un trato indigno. ¿Por qué esa falta de humanidad? Esto amerita una buena investigación. Los familiares tenían su dolor y tuvieron que lidiar con el maltrato, y al devolverle las pertenencias les faltó el dinero que llevaban en sus billeteras. ¿Por qué ese trato?” Si hay un fondo para víctimas de la violencia ¿por qué no les ayudan? Es gente humilde que no se sabe expresar. Sólo les dieron una despensa con galletas de animalitos, con unas pastas sin tomate, ni nada... ¡No es justo ese trato!”

Sin ayuda

Jacinto y Anastasia llegaron a Monterrey hace 30 años de su natal Santiago Mexquititlán, Querétaro, en busca de una vida mejor. Con dos hijos, después de 20 años de trabajo sólo tenían un tejabán. Fue cuando él decidió ir a trabajar a Estados Unidos, donde vivió 6 años hasta que logró construir dos cuartos de concreto a base de envíos mensuales de dinero.

“Acababa de volver el 24 de diciembre pasado. Su sueño era que su hijo estudiara, que tuviera una carrera, porque él batallaba mucho en su trabajo de albañil, cuando hacía frío en el frío e igual con el calor. El me dijo: ‘yo no quiero que mis hijos pasen por esto, quiero que estudien’”.

Efectivamente consiguió que su hijo de 17 años terminara la preparatoria y se matriculara en la licenciatura en educación de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Durante meses fue llenando los requisitos de regularización de vehículos y finalmente logró pasar su camioneta Ford: Nos cuestionaron el porqué si somos pobres teníamos una camioneta. Imagínese, es el trabajo de 6 años. La compró a plazos.

Con la ayuda de Bienestar Social del DIF sepultaron a los cinco otomíes en su lugar de origen. Nuevo León cuenta con la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos, un presupuesto de apenas 4 millones de pesos que sin embargo no ha sido utilizado para ayudar a la familia de Anastasia. Tampoco existe un fondo nacional de ayuda a víctimas inocentes de la guerra contra el narco.

El DIF únicamente me dio una despensa con un kilo de frijol, medio kilo de arroz, un kilo de maseca, una bolsa de galletas de animalitos y dos bolsas de pasta, pero estoy preocupada porque ya se acerca el pago del semestre de la facultad de mi muchacho. ¿Con qué lo voy a pagar?

El abandono institucional de las víctimas es la constante. Anastasia perdió la fuente de ingreso de su familia con la muerte de su marido. Ha vuelto a trabajar en el servicio doméstico, donde le pagan 500 pesos a la semana, pero pronto tendrá que pagar el semestre de la carrera universitaria de su hijo.

El licenciado del gobierno me dijo que iba a arreglar para que nos dieran un dinero, pero nada. Como yo no sé nada de eso, francamente no creo que me lleguen a dar dinero. Cuando fui a Bienestar Social del DIF vi a varias personas que me dijeron que llevan meses esperando luego de haber hecho toda la papelería y aún no les resuelven nada. Me di cuenta que les hacen nomás dar vueltas.

Dice sentirse preocupada porque su único patrimonio es la camioneta. En el tiroteo quedó sin cristales: No me la han devuelto. Lo que quiero es que me regresen mi mueble. Es todo. Es el único patrimonio que tengo. La camioneta la tiene la Policía Ministerial. A la licenciada le di la factura original, pero no me ha hablado. Cuando fui a recoger a la Ministerial la bolsa de mi esposo donde traía su martillo y la lonchera, un señor me dijo que si no me movía iba a perder la camioneta. Es muy triste todo.

Justicia divina

Anastasia está abatida. Ya no se limpia las lágrimas que recorren sus definidas mejillas. Su hija Selene, de 14 años, está sentada a su lado, junto a su cuñada y una vecina: “En mi vida todo ha cambiado, todo es difícil. Ya nada es igual. Durante seis años mis hijos no tuvieron a su papá, sólo los últimos cuatro meses y ahora lo matan. Mi hijo dice que por lo menos antes estaba lejos pero todos los días les hablaba por teléfono ¿y ahora qué vamos a esperar?

El pastor de la iglesia cristiana donde asiste le ha ayudado con los papeleos para la recuperación de la camioneta. Dice que no ha tenido acceso al expediente ministerial del asesinato de sus familiares: Hasta ahorita no me han dicho quién mató a mis familiares. No he preguntado, tampoco. Pienso que aunque me digan ¿yo que voy a hacer? Ellos no me van a regresar a mis seres queridos. La mera verdad, lo único que espero es que Dios haga justicia por todas las víctimas inocentes de esta guerra que están derramando su sangre.

Anastasia se pregunta cuántas víctimas inocentes han muerto en esta guerra y la mayoría no obtiene justicia ni reparación: ¿Qué hacen con el dinero del presupuesto de apoyo a las víctimas? Sabrá Dios. ¿Justicia? Yo no creo que vaya a haber justicia. En la justicia del hombre ya no creo, ya no creo en las autoridades. El único que va a hacer justicia es Dios. Que Dios tenga misericordia de los asesinos, no sé si tienen corazón para hacer algo así. Acaso ellos no tienen hijos, esposas... me pasan muchas cosas por la mente. Igual que yo, ¿cuántas familias no están viviendo lo mismo?”

Su cuñada, Rosa Martín Domingo, tiene 21 años. Llevaba casada dos años con su hermano David. Tiene sentado en el regazo a David Ariel, de 9 meses, que pide leche. Mientras lo amamanta sin levantar la mirada dice: Sólo me dieron una bolsa de pañales y dos botes de leche en polvo.

Una infinita tristeza se refleja en sus ojos. La incertidumbre del futuro no le deja dormir. Trae en la mano la credencial del trabajo de su esposo que el bebé toma para jugar. Laboraba como albañil en OMA, Grupo Aeroportario Centro Norte, pero a través de un contratista: Su patrón me dio nomás dos semanas: 2 mil 200 pesos. No tenía seguro ni prestaciones.

Galileo Hernández, presidente de Asociación de Justicia Étnica AC, ha acompañado a los familiares de las víctimas otomíes y está de pie junto a Anastasia, que se dice lista para ir a reclamar por enésima vez la camioneta de su esposo: El DIF prometió hacer el traspaso del vehículo a la esposa, algo que no se ha concretado. Les hemos dado atención legal, pero no nos han permitido acceso al expediente.

Lo más lamentable, dice, es que existiendo supuestamente un fondo de ayuda a las víctimas de violencia de la guerra contra el narco, no sea aplicado en la realidad: No hay una dependencia que otorgue la ayuda. El DIF lo hace a través de despensas raquíticas, pero ni siquiera hay seguimiento. Se destina mucho dinero a las cuestiones de seguridad. ¿Y a las miles de víctimas inocentes quién las ayuda?