Las diferencias insalvables que en el ámbito de las telecomunicaciones libran las empresas telefónicas por expandir su dominio a lo largo de la República dio pie a la elaboración de una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reformará el artículo cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones para otorgar a la empresa pública Telecomm la operación de red pública telefónica, de telégrafos y de radiotelegrafía en aquellas zonas del país donde los operadores privados se han negado a invertir.

Dicha propuesta advierte que ante el desinterés de los grandes operadores de telefonía fija por ingresar al mercado rural del país, Telecomm brindará acceso a los mexicanos pobres a operaciones de telefonía, bancarias o telegráficas a muy bajo costo.

Es un servicio al que no tendría acceso de otra manera, los precios por los servicios que brinda son altamente competitivos, pues al no ser una empresa privada no tiene fines de lucro, lo cual crea un clima de confianza y de certeza del servicio entre los usuarios, se argumenta.

La iniciativa, surgida de la diputada del PRI Sofía Castro Ríos, considera que el servicio telefónico que ofrece Telecomm en alrededor de 30 mil comunidades de menos de 500 habitantes es a la fecha de un alto costo para la economía de los mexicanos más pobres. Por cada minuto de llamada que recibe una persona, se le cobra 2 pesos con 55 centavos. Si ésta se prolongara por 10 minutos el costo se elevaría a 25 pesos con 50 centavos.

“Esta cantidad representa demasiado dinero para un indígena huichol, un tzeltal o un tarahumara; se lastima de manera grave la economía de la gente más pobre, porque el hecho de que Telecomm no funja como operador telefónico le impide dar la ventaja de la interconexión con el programa ‘el que llama paga’, y del que las empresas privadas sí gozan. En las más de 30 comunidades campesinas, sus habitantes rara vez realizan llamadas, y por el contrario sí son receptoras de ellas pues sus familiares trabajan como braceros en Estados Unidos o migraron a las grades ciudades del país”.

El seno de la Comisión de Comunicaciones estudia, por lo tanto, una adición al artículo cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para otorgar a Telecomm la figura de red pública de telecomunicaciones. El artículo cuarto quedaría de la siguiente forma:

“Telecomunicaciones de México (Telecomm) continuará operando los servicios de telecomunicación vía satélite y las redes públicas que están a su cargo, como red pública de telecomunicaciones, en el entendido de que en la prestación de los servicios de telecomunicación deberá ajustarse a lo dispuesto por esta Ley.

La Secretaría (SCT), de conformidad con lo previsto en la ley, podrá otorgar concesiones y permisos a terceras personas respecto de las redes y servicios actualmente a cargo de Telecomm, excepto por lo que se refiere a los servicios de telégrafos y radiotelegrafía.

La propuesta otorgaría a Telecomm la figura de red pública de telecomunicaciones, y la colocaría con las mismas ventajas que el resto de las operadoras telefónicas. Impactaría en el núcleo de población más golpeado por la política económica, y podría ofrecer el servicio adicional de Internet rural, lo que con el tiempo contribuiría al acceso de tecnología en las poblaciones más alejadas de México.