Hermosillo, Son., 3 de junio. Dos ex funcionarios estatales y uno en funciones fueron inhabilitados por 10 años para ocupar cargos públicos, luego de que la Contraloría del gobierno de Sonora les encontró responsabilidad administrativa por el incendio en la guardería ABC, en el que murieron 49 niños y decenas más resultaron heridos, el 5 de junio de 2009, al concluir la primera parte de la investigación del caso.

La medida fue considerada por padres y madres de las víctimas como insuficiente en la búsqueda de justicia, después de quedar evidenciadas las redes de corrupción y negligencia en torno al incendio en la estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En protesta, se manifestaron frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Fueron declarados culpables Gilberto Inda Durán, quien fungió como secretario de Hacienda durante el anterior gobierno estatal, encabezado por Eduardo Bours Castelo (2003-2009), por no colocar una unidad interna de protección civil en la bodega contigua a la guardería, donde se inició el incendio.

También el director de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) durante el sexenio anterior, Willebaldo Alatriste Candiani, por omisiones en la inspección de dicha bodega, y Jorge Luis Melchor Islas, –quien se desempeñó como coordinador de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda en la gestión del priísta Bours Castelo, y hasta ayer se mantenía en el cargo– por ser el responsable de la bodega.

Son funcionarios públicos que tuvieron intervención en el caso de la guardería, dijo en entrevista Carlos Tapia Astiazarán, contralor del gobierno de Sonora, quien recordó que la conflagración que cobró la vida de 49 niños comenzó en una bodega rentada por la Secretaría de Hacienda, donde se resguardaban documentos y vehículos.

Explicó que las inhabilitaciones evitarán que los tres ex funcionarios estatales puedan ocupar un cargo en el gobierno federal, de algún municipio o estado, debido a que en Sonora desempeñaron su trabajo con omisiones y errores graves.

Es la máxima sanción que se puede aplicar a cualquier funcionario público de acuerdo con la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos del Estado de Sonora; también a Jorge Luis Melchor Islas se le destituyó porque estaba en funciones en el gobierno estatal, expuso el contralor.

Además, fueron exonerados de cualquier responsabilidad por el incendio de la guardería ABC Eugenio Lohr Martìnez, ex subsecretario de egresos; Carlos Jesús Arias, subdirector de Protección Civil; Eliseo Morales Rodríguez, ex coordinador de bienes y concesiones, así como Francisco Javier Tiscareño Arreola, quien fungió como director de bienes de dominio de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, en la pasada administración.

Tapia Astiazarán señaló que el proceso por responsabilidad administrativa en el siniestro de la estancia infantil continúa y están pendientes de resolver los casos del ex secretario de Hacienda estatal, Ernesto Vargas Gaytán, y el ex director de recaudación de dicha dependencia, Francisco Salazar.

Indicó que no hay ningún proceso abierto de investigación administrativa en contra del ex gobernador Eduardo Bours Castelo, y que en el caso del entonces alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, es la Contraloría Municipal la que debe determinar si realizará una investigación en su contra.

Protesta frente a la PGJE

Un grupo de padres y madres de las víctimas del incendio en la guardería ABC protestaron frente a las oficinas de la PGJE, donde señalaron que las inhabilitaciones y otras medidas tomadas por las autoridades son insuficientes en la búsqueda de justicia.

Exigimos que se haga justicia, exigimos la destitución del procurador Abel Murrieta, porque nos da mucho coraje ver que obstaculizó la justicia tras la tragedia y aún sigue en el cargo; el gobernador (Guillermo Padrés Elías) prometió que se haría justicia y no ha cumplido, exclamó Mayra Valle Martínez, integrante de la agrupación civil Manos Unidas, y madre de Ian Issac, uno de los pequeños que perecieron en la conflagración.

Por separado, integrantes del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, formado principalmente por padres y madres de las víctimas, señalaron que la inhabilitación de dichos servidores públicos es apenas uno, el menos grave de los castigos, que deben enfrentar quienes permitieron la red de corrupción y complicidades que terminaron en esa tragedia.