l desborde hacia México y Canadá del estado de excepción instaurado en Estados Unidos después del 11/9 con la Ley Patriota (renovada el pasado jueves), la Ley de Comisiones Militares que conlleva la abrogación del habeas corpus y la ley marcial que permite al Ejecutivo el uso de los militares en ta- reas de seguridad pública tiene como trasfondo el sur del Bravo la explosividad social y la informalidad económica de la cual la delincuencia y el narcotráfico son expresiones cruciales, gestadas al calor del manejo clasista de la política económica del FMI-Banco Mundial-BID y las secretarías del ramo, en vigor en centro y periferia capitalista por tres décadas, ante una crisis estructural que persiste, se amplía y se agudiza desde 2007.

Agréguese la incapacidad del alto capital, en especial de los sectores financiero, bélico-industrial, de seguridad y de los intereses vinculados a la quema de combustibles fósiles, para enfrentar colapsos como el desempleo crónico, los retos ambientales y los límites geológico/atmosféricos (peak oil y calentamiento global) del patrón energético y se confirmará el aserto de Istvan Mézáros a Lucien Goldman, durante la rebelión estudiantil parisina en 1968, de que la crisis que se perfilaba entonces, haría aparecer la gran depresión como una tarde de té en la vicaría.

Ese es el trasfondo de la protesta del otro mundo es posible del Foro Social Mundial; del estamos hasta la madre y del Movimiento de Regeneración Nacional en México, que lleva a cientos de miles (y a millones detrás de ellos) a las plazas y calles, de San Cristóbal al Zócalo y a Ciudad Juárez; del Cairo a Madrid y a Madison: son respuestas, cada vez más extensas e intensas de trabajadores, sindicatos de entes públicos y privados, campesinos, indígenas y de amplias fracciones de la clase media, ante la agresión económica y policial-militar, de esquemas oligárquico-imperiales de intervención/ocupación, saqueo y explotación, que operan bajo la militarización de la guerra al narco, al crimen organizado o al terrorismo, con estímulo presupuestal y diplo-militar de la Iniciativa Mérida (IM) de Estados Unidos en México y Centroamérica. Estados Unidos no está exento. Aún el conservador Instituto Cato detecta, a raíz del 11/9, una perturbadora militarización de las operaciones de seguridad pública civil, así como un aumento dramático en el uso de unidades policiacas paramilitarizadas en labores policiales rutinarias, a lo que se agrega un muy extenso e ilegal espionaje electrónico de la ciudadanía por la Agencia de Seguridad Nacional. Jack Balking de Yale, percibe la normalización y legitimación bipartidista de un estado de vigilancia nacional (New Yorker, 23/5/11 p.48): desde el 11/9 surgió una vasta y nueva burocracia de seguridad en la que se emplea al menos dos millones y medio de personas con autorización para manejar información confidencial, secreta o de secreto máximo; cuentan con inmensos fondos para la vigilancia electrónica, retorciendo la ley para hacerlo, así como arreglos público/privados, que han transformado a la industria contraterrorista en un poderoso cabildo. Y Obama, advierte Balkin, ha adoptado sistemáticamente políticas consistentes con lo que se hizo durante el segundo gobierno de Bush. Es un estado orwelliano policial-militar, con aval de Bush (y ahora de Obama) bajo la noción, inconstitucional, de la primacía del Ejecutivo sobre Legislativo y Judicial como comandante en jefe de la guerra anti terrorista.

En México con la Ley de Seguridad Nacional se alienta algo similar: un estado de excepción a la sombra de una creciente montaña de 40 mil cadáveres. Es un diseño dictatorial impulsado por PRI y PAN para legalizar la inconstitucional militarización de la seguridad pública. A Estados Unidos le importa dar continuidad al actual esquema de intervención, aun a costa de prolongar la masacre en curso entre mexicanos. ¿Será una exigencia que ya Peña Nieto negoció a cambio de la presidencia?

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