Tres jueces de distrito y dos magistrados de circuito consultados ayer por La Jornada coincidieron en que un combate efectivo contra la delincuencia organizada, más que militarización en las calles o mano dura en las leyes penales, requiere de una estrategia integral que combata la pobreza y el desempleo, mejore la educación y prevenga que los jóvenes sean víctimas de alguna adicción.

A los juzgadores se les pidió su opinión sobre el contenido del informe de la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados, Gabriela Knaul, presentado este lunes en Ginebra. Los cinco coincidieron en que en el Poder Judicial Federal (PJF) es más difícil la influencia del Poder Ejecutivo (en referencia al Presidente de la República y/o a los gobernadores) en el resultado de las controversias planteadas ante los tribunales federales, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la justicia del fuero común.

No niego que haya casos aislados de falta de independencia donde algún juzgador federal le tiemble la mano al momento firmar alguna resolución, sólo porque se trate de un asunto que importe al Presidente o a un gobernador, pero no es una generalidad, no es el común denominador, aseguró un magistrado de un tribunal colegiado en materia penal en la ciudad de México que, al igual que sus compañeros, solicitó no mencionar su nombre.

Ayer, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y magistrados denunció carencias en la autonomía del Poder Judicial en México, al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Uno de los jueces mexicanos consultados respecto de las opiniones de Knaul, sostuvo que la reciente reforma constitucional en materia de justicia penal en México es un ejemplo de que las cosas no estaban bien en el ámbito de la procuración e impartición de justicia, y por ello se modificó el sistema.

Otro de los jueces consultados refirió que es necesario modificar la estrategia anticrimen implementada por el gobierno federal, pues dijo que está generando varias arbitrariedades en el sistema de procuración de justicia, es decir, en las procuradurías.

En el mismo sentido, un magistrado que despacha en un tribunal unitario aseguró a este diario que el germen social del que brotan aquellos que se contratan a cambio de 2 mil o 5 mil pesos por asesinar a una persona se fortalece con la desigualdad, la marginalidad y la pobreza en que viven millones de mexicanos, que ni siquiera tienen acceso a servicios educativos, de salud o culturales.