Ginebra, 30 de mayo. La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de jueces y magistrados denunció carencias en la independencia del Poder Judicial en México, al presentar este lunes un informe ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional.

La independencia judicial se ve afectada por la falta de transparencia, factor que genera impunidad; también por la ineficacia y por la corrupción, así como por la interferencia e influencia impropia de los sectores público y privado, señala el informe de la relatora Gabriela Karina Knaul de Albuquerque y Silva, que visitó México en octubre de 2010.

La independencia, autonomía e imparcialidad de los órganos judiciales se ven cuestionadas por la participación (...) del Estado en el nombramiento de los magistrados, afirmó Knaul, quien visitó Chiapas, estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí y Yucatán.

La relatora de Naciones Unidas recomendó que se garantice la inmovilidad de los magistrados y jueces, una vez que han entrado en la carrera judicial. El hecho que el Ministerio Público dependa del Poder Ejecutivo puede minar la confianza y credibilidad de la autoridad a la que se encomienda investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales de forma objetiva, advirtió Knaul, experta independiente originaria de Brasil.

Para garantizar un control efectivo de las acciones de las procuradurías resulta necesario fortalecer su transparencia y mejorar el sistema de rendición de cuentas, incluso a través de órganos de control interno, estimó la relatora, quien abogó por una reforma constitucional en materia penal que cambie la mentalidad de todos los operadores de justicia en México.

Al respecto precisó que deben perfeccionarse los mecanismos de supervisión interna para garantizar la rendición de cuentas de todos los órganos del sistema de justicia penal (policía, agentes del Ministerio Público, magistratura, defensoría pública y agentes judiciales).

La relatora también reclamó una reforma de la jurisdicción militar en México, con el fin que no sea competente sobre casos de violaciones de derechos humanos y que no pueda juzgar hechos cuyas víctimas sean civiles.

Contra el arraigo

Además, Knaul planteó a México suprimir la figura del arraigo en su legislación, que dispone la retención paracarcelaria de una persona por un plazo de hasta 80 días para que la autoridad judicial investigue, en espera de una eventual acusación formal que permita iniciar un procedimiento en regla.

Al propio tiempo, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó su preocupación por la situación de los migrantes en México, que han sido objeto de secuestros y asesinatos en gran número, la mayoría cometidos por redes criminales, un tema que espera abordar en una próxima visita al país en julio.