yer, al poner en marcha la aplicación de la prueba Enlace 2011, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, afirmó que sin la realización de dicho examen no hay calidad educativa, y sin calidad lo único que avanza es la injusticia, es la inequidad, es la ignorancia.

Es cuestionable el vínculo causal establecido por el jefe del Ejecutivo entre la realización de la prueba referida y la calidad de la educación: tal afirmación soslaya las críticas formuladas por diversos especialistas al paradigma de medición del desempeño educativo por medio de exámenes estandarizados que, como el propio Enlace, no toman en cuenta las diferencias sociales, culturales y económicas que afectan al proceso de enseñanza; no consideran las desigualdades entre planteles educativos y regiones, no ponderan conocimientos que resultan valiosos en función de ciertos entornos y no permiten, por tanto, conocer los factores que debilitan o fortalecen el aprendizaje de los educandos.

En todo caso, para que este tipo de pruebas tuviera un mínimo de sentido, habría que empezar por corregir las condiciones físicas ruinosas en que se encuentran miles de escuelas primarias y secundarias en el país –consecuencia, a su vez, del abandono presupuestario al que las recientes administraciones, incluida la actual, han sometido a la educación–; por revertir el deterioro de las condiciones de vida en millones de hogares de estudiantes a raíz de las crisis económicas y de la aplicación del modelo neoliberal aún vigente, y por retirar el control de los ciclos de enseñanza básica y media superior a la cúpula mafiosa y antidemocrática que controla el sindicato magisterial.

Por lo demás, es cuando menos impreciso presentar la prueba Enlace como un antídoto contra el avance de la la injusticia, la inequidad y la ignorancia, habida cuenta de que esos flagelos, en lo que toca a la educación, son producidos por acciones u omisiones de la propia autoridad: resulta difícil imaginar una circunstancia más injusta e inequitativa que la que viven año con año decenas de miles de jóvenes en el país, excluidos de los ciclos de educación media superior y superior a cargo del Estado y cuyas perspectivas se ven reducidas, ante la falta de oportunidades laborales, a la migración, la incorporación a la economía informal o la integración de alguno de los bandos en pugna en el contexto de la actual guerra contra la delincuencia. En este telón de fondo se inscribe la insensible y disparatada convocatoria, recientemente lanzada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que los estudiantes de bachillerato se enrolen en las policías estatales y federal, propuesta que ha sido presentada por el titular de Educación Pública, Alonso Lujambio, como una ruta de profesionalización para los jóvenes.

Ante este panorama revisten especial relevancia los señalamientos formulados ayer por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, quien dijo, en referencia a la citada campaña de reclutamiento policial, que no pueden ser nada más ésas las opciones para la juventud; afirmó que se requiere generar alternativas de desarrollo y expectativas para ese sector de la población, y lamentó que en el país persistan inquietud, desesperanza, falta de expectativas reales, valederas, aceptablemente éticas para nuestros jóvenes.

El fortalecimiento de las responsabilidades públicas en materia educativa es una medida de obvia necesidad y de carácter impostergable para saldar la ineficiencia y el deterioro del sistema educativo; para garantizar, en consecuencia, el desarrollo y la viabilidad de la nación, y para dotar a sus jóvenes de oportunidades de desarrollo personal y profesional y de perspectivas de movilidad social. Por desgracia, las declaraciones de Calderón y las políticas de su gobierno en materia educativa confirman la estrechez de miras de la actual administración en ese ámbito.