s justo dar apoyo preferente a alguien simplemente porque ha tenido más logros que otros? En las universidades y en el sistema educativo en general esta es la regla y, no sin arrogancia, quienes en virtud de ella están en la cúspide, proclaman que su aplicación constituye un justo premio al mérito. Pero si eso fuera hacer justicia, en otros ámbitos lo justo sería darle todo el apoyo posible a Carlos Slim, a Emilio Azcárraga y a Octavio Paz y negárselo al analfabeta viene viene de la esquina o al campesino que con arduo trabajo sobrevive en su parcela.

Si por merecer entendemos ser tratado con justicia, decidir a quién apoyar no es tarea simple ni fácil. No cabe confundir logro con mérito. La justicia humana es extremadamente incierta, el concepto mismo de justicia es motivo de complicados debates desde hace milenios (véanse los enredos de John Rawls). En los sistemas educativos debe, pues, tenerse mucha prudencia cuando se trata de reconocer méritos y hacer justicia. Quizá en el imposible caso de que los destinatarios de un apoyo hubieran partido de condiciones idénticas (incluyendo las biológicas) y trabajado en circunstancias también idénticas pudieran equipararse logros y méritos. Es parte de la ideología de los de arriba afirmar con simplismo e interés que los logros dependen exclusivamente del esfuerzo y del talento. Falso: la actividad humana y sus frutos son resultado de una compleja interrelación entre historia, esfuerzo, capacidades, motivación, logros y circunstancias. La falsedad e injusticia de la supuesta meritocracia fueron señaladas por quien acuñó este término, Michael Young, padre de la paradigmática Open University británica.

Hacer justicia con los apoyos que se dan en la educación exigiría la impracticable tarea de adentrarse en la vida de cada estudiante y hacer comparaciones objetivas. La aspiración no puede ser esa. Lo que sí debe hacerse es, en primer lugar, no pretender legitimar numerosas decisiones discriminatorias con el argumento de que se premian méritos y se hace justicia. Abiertamente debe reconocerse que muchas decisiones se toman con alto grado de arbitrariedad y con elementos endebles. Por otra parte, debe ponerse empeño y creatividad en el establecimiento de procedimientos novedosos, generosos y lo menos injustos posible. Experiencias las hay, y muchas. Por ejemplo, las acciones afirmativas aplicadas en muchas instituciones educativas y programas sociales, mediante las cuales se busca compensar, aunque sea parcialmente, las desventajas en las que compiten los individuos pertenecientes a diversos sectores sociales y con historias desiguales. Confundiendo logros con méritos el sistema educativo ha generalizado el famoso efecto Mateo denunciado por el sociólogo Robert Merton: al que tiene más se le dará en abundancia y al que tiene poco eso se le quitará. Finalmente, la salida está en ir más allá de la anhelada justicia y actuar con generosidad conforme a principios humanistas y democráticos.

Veamos un caso. Si el dinero para becas a estudiantes es limitado, ¿con qué criterios debe distribuirse? En el primer Consejo Universitario de la UACM se dio un importantísimo debate para aprobar el reglamento de un modesto programa de becas que se cubriría con una pequeña cantidad de dinero extraída del insuficiente presupuesto de gasto corriente de la institución. Quien se interese puede ver en la página de Internet de ese consejo la transcripción de las discusiones, serias, responsables, de alto nivel. El resultado es un reglamento determinado por el criterio de que la beca es un apoyo que se da al que lo necesita. A quien recibe la beca se le exige que cumpla con sus compromisos escolares y alcance los resultados esperados, pero se rechazó la idea de que la beca es un premio, un reconocimiento o un estímulo distribuido según méritos.

Otro argumento que se esgrime para dar apoyos preferentes a quienes han tenido mayores logros no tiene que ver propiamente con la justicia, tal argumento es la eficiencia: se afirma que quienes han tenido mayores logros garantizan mejores rendimientos (así se justifican los estímulos a los adinerados capitalistas). Si se trata de recursos privados, el otorgante puede olvidarse de la justicia y decidir en función de sus criterios e intereses personales. Pero si los recursos son públicos su asignación debe considerar criterios sociales: contrarrestar las condiciones privilegiadas que, por lo menos en parte, explican las diferencias de resultados, y atender el objetivo de disminuir la injusticia, la desigualdad y la inequidad. Asunto distinto es la juiciosa consideración de la preparación y las capacidades de las personas para la asignación de tareas, pues (por lo menos en el ámbito público) éstas no han de concebirse como premio, ni constituir ocasión de beneficio personal.

Un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo (como señala nuestra Constitución) rinde socialmente muchos mejores dividendos (incluso económicos) que el fortalecimiento de las elites. Pablo Latapí, educador fallecido hace dos años, rechazaba el uso irreflexivo y obsesivo del concepto de excelencia (que significa sobresalir) y citaba con frecuencia: no se trata de llegar primero sino de llegar todos y a tiempo.