n respuesta a los señalamientos formulados en días recientes por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el sentido de que el gobierno mexicano debe eliminar el subsidio a las gasolinas, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, dijo que la solución a los problemas sociales del país no pasa por quitar o poner un impuesto, sino por la revisión integral de sus políticas económicas y sistemas fiscales, de distribución del ingreso y de aplicación de programas sociales.

Por su parte, en la ceremonia de la entrega de la presea Lázaro Cárdenas del Río, realizada en Los Pinos, la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante, señaló que la educación debe ser vista como el primer paso para erradicar la violencia y debe complementarse con crecimiento económico, empleo y seguridad; demandó duplicar la proporción actual de jóvenes inscritos en las universidades –que se ubica en 30 por ciento– y destacó la persistencia en el país de rezagos históricos de pobreza y desigualdad social.

Las posturas de quienes encabezan las dos principales instituciones educativas del país son complementarias y apuntan a lo mismo: el carácter insostenible del modelo económico actual y la necesidad de reformularlo.

Por lo que puede percibirse de las recomendaciones de la OCDE –eliminar el subsidio a los combustibles y buscar otras medidas para reducir la pobreza–, ese organismo multinacional se mantiene fiel al postulado neoliberal de eliminar las políticas de bienestar social, cuando es justamente la aplicación de ese paradigma económico el que ha causado en el país una multiplicación del número de pobres, una concentración mayor de la riqueza y una consecuente profundización de la desigualdad social.

Por lo que hace a los señalamientos en Los Pinos de la directora del IPN, resulta significativo y preocupante que el jefe del Ejecutivo haya revirado con afirmaciones como que su gobierno está rompiendo el círculo vicioso de egresados universitarios sin empleo, y que las empresas trasnacionales que invierten en el país no lo hacen por sus salarios bajos. Estas afirmaciones contravienen los informes divulgados por la propia OCDE, los cuales señalan que México es de las naciones donde más horas se trabaja y menores salarios se perciben (Panorama sociedad 2011), y los que lo colocan como el país cuyos ciudadanos con estudios universitarios tienen mayores posibilidades de estar desempleados (Panorama de la educación 2009).

En lo que toca a la respuesta presidencial, a la afirmación de que es necesario ampliar la matrícula de las instituciones de educación superior –nada más alejado de la realidad–, resulta obligado recordar que, en la actual configuración de la economía, la educación pública no es una prioridad: así queda de manifiesto con el recorte presupuestal que sufren las universidades públicas –en contraste con los fondos públicos que se destinan a las tareas de seguridad y al pago de deuda del Fobaproa, entre otros rubros–, y con la proliferación –promovida por las propias autoridades– de planteles educativos privados. En suma, la omisión de estas consideraciones en el discurso de ayer constituye un nuevo botón de muestra de la visión distorsionada y parcial del gobierno en turno respecto de problemas insoslayables del país, como el desempleo, la falta de oportunidades para los jóvenes, el abandono de las instituciones de educación superior a cargo del Estado y las implicaciones de todo ello en la ausencia de justicia y en la movilidad social.

A estas alturas tendría que ser evidente que la profundización de medidas neoliberales y pro empresariales –como las que promueve la OCDE desde el exterior, o las que ha buscado impulsar el calderonismo desde el interior–, no contribuye a la superación del actual declive nacional, sino todo lo contrario. La reactivación económica y recuperación de la plena gobernabilidad requieren, como plantearon ayer el rector de la UNAM y la directora del IPN, el cambio del modelo económico seguido hasta ahora.