El camino lógico para empezar los trabajos tendientes a elaborar las líneas guías que ordenó el Vaticano a las conferencias episcopales con el fin de prevenir la pederastia clerical –tarea para la cual les dio de plazo un año– es la próxima asamblea plenaria, señalaron fuentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La previsión es que en la 91 asamblea plenaria, reunión que arranca el 30 de mayo, los obispos comiencen a discutir el asunto; posteriormente lo deleguen a la Comisión Episcopal para Vocaciones y Ministerios, presidida por el obispo de Colima, José Luis Amezcua Melgoza, o bien determinen crear una “comisión ad hoc”, señaló el sacerdote Manuel Corral Martin, secretario ejecutivo de relaciones institucionales de la CEM.

Otras fuentes del episcopado coincidieron con esto y añadieron que incluso podría crearse no sólo una comisión específica para cumplir la orden papal, sino también desarrollarse algún programa, pero insistieron en que el mecanismo lo tendrá que determinar el pleno de la asamblea y una vez elaboradas las líneas guías éstas tendrán que ser presentadas al consejo permanente del organismo eclesial, y finalmente retornarán a la asamblea para su aprobación.

Sobre la carta del Vaticano, el teólogo Jaime Laines señaló en entrevista que aunque lo expresado en el documento no es suficiente ante la magnitud del problema de la pederastia clerical, presenta avances como el hecho de exigir cooperación con las autoridades civiles y la creación de las líneas guías.

Puede que no sea todo lo que se hubiese querido, pero podría representar un paso, consideró Laines, quien es integrante del Observatorio Eclesial y del Centro Antonio de Montesinos, y comentó que la efectividad de las indicaciones papales se verán cuando se conozcan los alcances de los planes que elaboren las conferencias.

Sin ánimo triunfalista, Laines indicó que esto puede que signifique una avance porque lo que ha sucedido hasta ahora en torno al tema es que la Iglesia se siente como poder alterno al Estado, como poseedora de un fuero eclesiástico. Así, que el Papa diga que cooperen cuando la justicia civil investiga estos delitos es positivo, en términos de un eventual reconocimiento de la Iglesia de que a la instancia a la que le corresponde resolver (juzgar) es a la justicia civil.

Indicó que hablar de cooperación puede “parecer débil o light”, pero que para la forma en que la Iglesia ha enfrentado el problema, esto podría significar un paso adelante, y apuntó que aunque no se habla en el documento de reparación del daño vía indemnización a las víctimas, el hecho de que los casos llegaran a la justicia podría ser suficiente para que se impongan esas sanciones.

Al recordar que la respuesta más recurrente de la Iglesia cuando le han reportado casos ha sido cambiar a los sacerdotes de parroquia (dentro de un país o en el extranjero) y enviarlos a terapia, en vez de entregarlos a la justicia, Laines manifestó que esto podría marcar el principio del fin de estos usos y costumbres que han abonado a la impunidad.

En cuanto a si con esta instrucción papal serán remitidos a la justicia los sacerdotes sobre los que pesan acusaciones, Corral aseguró que quienes son culpables están en la cárcel, y recordó que muchos han sido calumniados y a otros se les han retirado las acusaciones por falta de sustento, con lo que descartó que haya sacerdotes pederastas en México sin pagar por su delito.