Frente a la escasez de agua que existe en el país y dado que la Ley de Aguas Nacionales se hizo a partir de considerar la abundancia del recurso, en esta legislación se deben establecer las figuras de emergencia hídrica y sobrexplotación de acuíferos, indica la iniciativa que se prevé presentará este miércoles ante la Comisión Permanente el grupo parlamentario del PRD.

Indica que debe administrarse la extracción y restringir la explotación de las aguas nacionales concesionadas a los usuarios, como son el sector industrial y de servicios, cuando haya situaciones de emergencia hídrica. El documento detalla que la actual Ley de Aguas Nacionales no prevé actos de autoridad que establezcan restricciones a la explotación de las aguas asignadas y concesionadas cuando se presenten fenómenos como sequías, por lo que propone adiciones.

Entre los argumentos la iniciativa sostiene que durante los últimos 50 años la disponibilidad de agua en territorio nacional bajó de 18 mil metros cúbicos por habitante al año, a 4 mil 50, por lo que el país pasó de ser un país con alta disponibilidad hídrica a uno de estrés hídrico con baja disponibilidad de agua para consumo humano.

Además, de acuerdo con las Estadísticas del Agua en México de la Comisión Nacional del Agua, de 653 acuíferos que tiene el país, 101 están sobrexplotados y 69 poseen un grado de sobrexplotación entre 80 y 100 por ciento de su disponibilidad, lo que implica que en los próximos 10 años unos 70 de los acuíferos aprovechables dejarán de existir como fuente de suministro.

Ante este panorama, el documento que propone adiciones a la Ley de Aguas Nacionales, plantea establecer los conceptos de emergencia hídrica y sobrexplotación de acuíferos. Explica que técnicamente se entiende como sobrexplotación de un acuífero cuando la extracción a la que es sometido es mayor al volumen de su recarga total en un periodo determinado.

En tanto, la persistencia de la sobrexplotación durante largos periodos ocasiona severos desequilibrios hidroecológicos como pueden ser el agotamiento o desaparición de manantiales, lagos, humedales; disminución o desaparición del caudal en los ríos; abatimiento de los mantos freáticos; formación de grietas y hundimientos diferenciales de los suelos urbanos; intrusión salina y migración de agua de mala calidad.

Argumenta que con esta reforma se pretende generar el sustento jurídico que propicie corresponsabilidad de todos los usuarios.