El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado de la República, Ramón Galindo, consideró indispensable realizar una auditoría externa a todos los gobiernos estatales para conocer el manejo de los recursos millonarios en materia de seguridad pública, que se les ha entregado, ya que la mayoría de los gobernadores no han realizado los exámenes de control de confianza de los cuerpos policiacos, tienen subejercicios presupuestales y los delitos del fuero común se han elevado.

El legislador panista hizo notar que en 2010 las entidades de la República recibieron 19 mil 583 millones de pesos para seguridad pública y este año más de 23 mil millones, sin que haya avances, mientras la violencia y la inseguridad se intensifican en gran parte del territorio nacional.

El senador panista comentó que los datos que un día antes dio a conocer el gobierno federal, de que muchos gobernadores no han cumplido con el compromiso de avanzar en la depuración de los cuerpos policiacos, comprueban que a pesar del incremento en las participaciones federales y transferencias, los resultados dejan mucho que desear.

En el presupuesto para este año, explicó, se incluyeron 2 mil 400 millones de pesos para el mando único policial, que algunas entidades comenzaron a aplicar, sin que fuera necesario reformar la Constitución, como se plantea en la iniciativa en la materia que presentó el presidente Felipe Calderón. La reforma está prácticamente congelada, recalcó, ya que de hecho el estado que quiera unificar sus cuerpos policiacos puede hacerlo, sin que se necesite de una nueva ley. De la iniciativa, sin embargo, debe rescatarse la parte referida a la certificación de las policías.

El ex presidente municipal de Ciudad Juárez consideró asimismo que en el Congreso se debe analizar la posibilidad de fincar responsabilidades y sancionar a los gobernadores que no han cumplido los compromisos adquiridos por medio del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que se signó en 2008, sobre todo el de certificar a las policías y aplicar exámenes de control de confianza a los integrantes de sus instituciones de seguridad y de procuración de justicia.

La violencia que lacera a nuestro país, ejercida cada vez con mayor brutalidad por los grupos criminales, se alimenta de la inacción y negligencia de los gobernantes. Los ciudadanos necesitan certeza acerca de la probidad de quienes están encargados de darles seguridad, ahora más que nunca, dijo.