Las redes de tráfico internacional de mujeres y trata de personas internan cada año a Estados Unidos entre 15 mil y 18 mil víctimas, que en su mayoría proceden de Asia, Latinoamérica y Europa del este, reveló este martes la activista estadunidense Lori L. Cohen, quien citó estadísticas de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés).

La también abogada añadió que de acuerdo con datos de esa misma instancia, 92 por ciento de entre 9 mil y 14 mil mujeres son víctimas, de parte de sus novios o esposos, de un fenómeno identificado como trata disfrazada, en el que las afectadas son seducidas y enamoradas por hombres (principalmente de nacionalidad estadunidense) que se casan con ellas para que ingresen al país. Una vez que llegan a Estados Unidos, estas mujeres, en su mayoría de entre 13 y 23 años de edad, son obligadas a trabajar sin prestaciones de ley y bajo condiciones de violencia intrafamiliar.

En una conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de la embajada de Estados Unidos en México, la representante de la organización no gubernamental Sanctuary for Families (asociación neoyorquina, sin fines de lucro, fundada en 1984 para apoyar a mujeres víctimas de abuso sexual y doméstico) agregó que una de cada tres adolescentes, de diversos países, de las 450 mil que cada año escapan de sus hogares, son atrapadas por las redes internacionales de trata de personas durante las 48 horas posteriores a que dejaron su hogar.

Cohen destacó que sociólogos, sicólogos y abogados integrantes de Sanctuary of Families han identificado que los principales factores que llevan a las indocumentadas a caer en las manos de tratantes de personas son pobreza, desigualdad social, analfabetismo, desintegración familiar, así como el abuso emocional y sexual de que son víctimas en sus países de origen por parte de sus familiares, novios o esposos.

Añadió que en Nueva York –donde está la sede de la organización no gubernamental que representa– se ha tenido éxito en el combate a los tratantes de personas. En esa ciudad, explicó, se aplica una legislación similar a una normativa que Suecia mantiene vigente desde la caída, en 1989, del Muro de Berlín, en la que se criminaliza con penas más severas a quienes compran servicios sexuales por encima de las mujeres que los proporcionan, ya que en su mayoría ellas son obligadas por sus victimarios (conocidos como padrotes o proxenetas) a prostituirse.