ras dos décadas de escándalos de pederastas en su seno, la Iglesia católica da lineamientos para enfrentar ese mal. Pero lo hace tarde y, además, no ofrece certeza de que los abusadores sexuales de niños y adolescentes sean llevados ante las autoridades civiles para ser penalizados por sus delitos.

Aunque es larga la historia de paidofilia en un buen número de sacerdotes en la Iglesia católica, fue hace dos décadas cuando comenzaron a salir a la luz pública denuncias sobre este tipo de casos en Europa y, sobre todo, en Estados Unidos. Las primeras reacciones de las autoridades eclesiásticas fueron cambiar de capilla o templo al abusador señalado. Son muchos los casos en que, al hacer esto, el clérigo reincidió en su conducta delictiva en otro lugar y con nuevas víctimas. También, obispos, arzobispos y cardenales eligieron defender a los curas transgresores mediante la estrategia de señalar a sus acusadores de querer desprestigiar a la Iglesia católica con inculpaciones falsas.

Fue tal el cúmulo de casos en Estados Unidos que, por ejemplo, el cardenal Bernard Law, arzobispo de Boston, tuvo que renunciar (finales de 2002) a seguir presidiendo su diócesis. Las investigaciones periodísticas demostraron que encubrió a pederastas con un largo expediente de ataques sexuales y que, en lugar de dar alguna atención a las víctimas, simplemente trasladaba de parroquia a los depredadores de niños y adolescentes.

En México hubo sólidos expedientes preparados por quienes padecieron ataques sexuales de Marcial Maciel Degollado, fundador de los legionarios de Cristo, pero ni las autoridades eclesiásticas de aquí ni las del Vaticano prestaron oídos a los señalamientos contra el personaje. Es más, Juan Pablo II le confirió a Maciel varios nombramientos y tratos especiales tras las denuncias en su contra, en 1997.

El Vaticano hizo circular anteayer una circular en la que “el cardenal estadunidense William Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, exhorta a las conferencias episcopales de cada país a preparar para antes de 2012 un documento con las ‘líneas guías’ que servirán de modelo para los ‘procedimientos’ en casos de abusos sexuales a menores perpetrados por curas” (nota de Afp, La Jornada, 17/5). Cada conferencia episcopal enviará sus considerandos a Roma; después, allá, se tomarán su tiempo para redactar el documento final sobre el tópico.

Sobre cómo lidiar internamente con los pederastas y medidas de prevención para cerrarles espacios en cada diócesis, el cardenal Levada pone en manos del obispo respectivo cuáles deberán ser los pasos a seguir en cada caso. Acerca del punto de qué hacer cuando hay pruebas claras de que se han cometido ataques sexuales por parte de algún cura, el documento señala que el abuso sexual de menores no es sólo delito canónico, sino también un crimen perseguido por la autoridad civil. Si bien las relaciones con la autoridad civil difieran en los diversos países, es importante cooperar en el ámbito de las respectivas competencias.

La cooperación eclesiástica con las autoridades civiles queda al arbitrio de la autoridad diocesana. No debe ser así, porque los delitos tienen que ser penalizados por las instancias del Estado que tienen bajo su responsabilidad ejercer esa tarea. Sobre todo tiene validez lo anterior cuando continúan en funciones obispos que en el pasado reciente se singularizaron por tender velos de protección a consumados pederastas.

Tiene razón el ex sacerdote católico Alberto Athié, solidario con el grupo de víctimas de Marcial Maciel y que dejó el sacerdocio por comprobar la existente red de encubrimiento en la Iglesia católica que protegió al legionario mayor, al asegurar que la circular está lejos de incluir cambios de fondo. Y va más lejos, al subrayar que la instrucción sigue la política de la Iglesia católica desde los años 1960 para acá, sólo añade algunas cosas, ni llega al fondo del asunto: que la pederastia es un delito grave que debe ser denunciado a las autoridades civiles (nota de Carolina Gómez Mena, La Jornada, 17/5).

Lo que Alberto Athié argumenta es que al ser la pederastia un delito grave, ante el mismo no caben componendas ni supuestas disciplinas internas de la Iglesia católica, sino que los transgresores deben enfrentar, como todos los demás ciudadanos, las consecuencias de sus actos en los tribunales. No a los fueros que privilegian a los victimarios y añaden a las víctimas el flagelo de comprobar que la impunidad blinda a su agresor.

Mientras en Roma siguen haciendo llamados a la buena voluntad de los obispos para que controlen y dicten medidas disciplinarias sobre la pederastia y sus perpetradores, en otros ámbitos de la sociedad habrá que seguir documentando y presionando para que las cúpulas de la Iglesia católica tengan cada vez menos espacios de maniobra para ocultar a los pederastas.

Por su parte, a las autoridades civiles de todos los órdenes les corresponde dejar a un lado sus reticencias (nacidas del temor o de la inercia cultural que favorece al catolicismo) e investigar, y eventualmente penalizar, las denuncias de pederastia clerical.