La delegación de la organización Familia Pasta de Conchos –integrada por su representante legal, Cristina Auerbach, y Tania Muñoz, hija de Jorge Muñoz, uno de los mineros que fallecieron en la mina Pasta de Conchos– se reunió con Flaminia Giovanelli, subsecretaria del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, la principal instancia papal que atiende asuntos relacionados con la doctrina social de la Iglesia, y también fueron entrevistadas por Radio Vaticano.

En el contexto de la visita que realizan a Europa para difundir la situación de los mineros del carbón de Coahuila y exigir el rescate de los 63 cuerpos que aún permanecen en el referido socavón, Auerbach señaló, durante la plática radiofónica realizada ayer, que la mesa de diálogo que mantienen con la Secretaría de Gobernación avanza y que, incluso, es probable que representantes de la organización sean recibidos por el presidente Felipe Calderón.

La abogada detalló que a Giovanelli le hablaron de la difícil situación que experimentan actualmente los mineros de la región carbonífera, de la necesidad del rescate y del reciente siniestro que cobró la vida de 14 trabajadores en Sabinas, Coahuila.

Recordó que el consejo ya les había enviado una carta de apoyo en la que les recordaba el compromiso de la Iglesia católica con el respeto a los derechos humanos laborales, y agregó que se comentó la urgencia de establecer un acuerdo que dignifique el trabajo de los mineros, para evitar estas muertes tan inútiles y mezquinas, poniéndole control a los riesgos de la minería.

La defensora de derechos humanos descartó que estén exigiendo un imposible, pues desde 1902 hasta el siniestro de Pasta de Conchos fueron rescatadas más de mil 700 personas fallecidas en las minas, y después de esta tragedia también han rescatado a todos: sólo Pasta de Conchos ha sido la excepción.

Indicó que son dos las razones por las que no se realiza el retiro de los cuerpos, porque Grupo México es una empresa muy poderosa que controla gran parte de la minería en el país y porque hay sospechas de que no todos los mineros murieron al momento de la explosión.

Resaltó que no hay impedimento técnico para esta tarea y sostuvo que lo que está detrás de esta exigencia es la dignidad, porque al dejar a los mineros de Pasta de Conchos dentro de los socavones, por la avaricia de una empresa y por omisión y miedo de un Estado, se sepulta la dignidad de todo un pueblo.

Habló de la necesidad de que en el extranjero se conozca la situación en México por la lucha contra el narco, que ha cobrado 40 mil vidas, más muertes de las ocurridas donde hay guerras declaradas, y añadió que esta acción no sólo ha traído decesos, sino también impunidad y corrupción”, mismas que impiden el rescate en Pasta de Conchos.

Expuso que lo que sucede en México es inimaginable y por ello el gobierno hace un fuerte cabildeo afuera (en el extranjero) para que no se sepa lo que pasa, y aseguró que los casos como Pasta Conchos han abierto la puerta para ver toda la realidad de la minería de carbón, ha tirado el discurso de que México es un país moderno y expuesto, que ni es equitativo ni es justo.

Por otra parte, la organización Familia Pasta de Conchos criticó a las autoridades laborales que tomaron la defensa de los deudos de las víctimas de la mina en Sabinas, pero omiten mencionar que no vigilaron la legalidad del pago a las viudas de Pasta de Conchos, socavón donde hace cinco años murieron 65 mineros.

De igual forma –señalaron–, resulta incoherente que por un lado presuman que las 14 viudas han aceptado la representación legal de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet, como lo mencionó el secretario del Trabajo, Javier Lozano, mientras que no han concluido los informes solicitados por la Organización Internacional del Trabajo, precisamente acerca del pago de indemnizaciones a los familiares de los muertos en Pasta de Conchos.

Defensores de derechos humanos, deudos de Pasta de Conchos, así como el asesor sindical, Manuel Fuentes, subrayaron que ni la Secretaría del Trabajo ni su Procuraduría lograron que procediera el reconocimiento de los ingresos reales que tenían los mineros de Pasta de Conchos.

Tampoco el IMSS interpuso denuncia en contra de los empresarios que pagaron cierto nivel salarial a los mineros, pero los registraron ante el instituto con sueldos menores, como fue el caso en la mina accidentada en febrero de 2006, donde permanecen enterrados los 63 cuerpos.

El secretario Lozano presumió en Twitter que los deudos del pocito en Sabinas habían aceptado la defensa y representación de Profedet, y anunció: volveré pronto (a Sabinas) para cerciorarme personalmente de que las cosas están en marcha.

Sin embargo, dijo el abogado Fuentes, las viudas en Pasta de Conchos reciben sólo una tercera parte o menos respecto de los ingresos de sus esposos, por las irregularidades en el nivel de ingreso real y las cotizaciones Seguro Social.