La Procuraduría General de la República (PGR) accedió a realizar del 16 al 22 de mayo nuevas excavaciones en el terreno donde se ubicaba el antiguo cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero, en busca de los restos del luchador social Rosendo Radilla, o de alguno de los más de 450 desaparecidos en dicha población en el contexto de la guerra sucia de los años 60 y 70.

Así lo anunciaron en conferencia de prensa integrantes de organizaciones de derechos humanos, quienes se manifestaron esperanzados por esta nueva oportunidad, aunque al mismo tiempo señalaron que no hay voluntad política del gobierno para realizar una investigación seria y completa sobre el tema.

Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), señaló que las nuevas diligencias son una buena noticia, pero para que éstas sean más efectivas es necesario que las autoridades interroguen a los represores de la época, desde el secretario de Defensa Nacional hasta los soldados rasos.

Las excavaciones se van a realizar cerca del campo de tiro del ex cuartel militar de Atoyac. Siempre esperamos que se encuentre algo, pero nos estamos basando únicamente en los testimonios de las víctimas y no en el de los criminales, y sólo ellos pueden saber dónde enterraron a la gente, lamentó.

Por su parte, Paulina Vega, presidenta del consejo consultivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), señaló que la búsqueda de los cuerpos se ha hecho todavía más lenta debido a la falta de cooperación del gobierno, lo cual contraviene la sentencia de la justicia interamericana.

Las exigencias de que fueran encontrados los restos de Rosendo Radilla y los demás desaparecidos empezaron en 1999, y no fue sino hasta 2008 que se iniciaron las primeras indagatorias, lo cual demuestra la negligencia y el desinterés de los gobiernos tanto del PRI como del PAN al respecto, dijo.

Valeria Moscoso, coordinadora del área sicosocial de la CMDPDH, apuntó que de los 18 puntos resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso, el gobierno sólo ha cumplido uno: la publicación del fallo en la página web de la PGR.

Aunque valoró de forma positiva el reinicio de las excavaciones –aceptado gracias al trabajo pericial de los colectivos de derechos humanos–, la activista admitió que aún hay mucho escepticismo sobre el resultado de las diligencias.

Con respecto al fenómeno actual de las desapariciones forzadas, los tres especialistas coincidieron en que este delito es enmascarado hoy con el eufemismo de los levantones, que forman parte de una política de Estado para reprimir el descontento social, y siguen el mismo patrón de los ocurridos en las décadas de los 60 y 70, pero adaptados al discurso belicista de la guerra contra el narco.