La purga anunciada en el Instituto Nacional de Migración (INM), tras señalarse la complicidad de algunos de sus agentes en el secuestro de indocumentados, no funcionará porque sucede de forma tardía y superficial, y muy probablemente sea una medida cosmética del gobierno mexicano para desviar la atención del público sobre este tema, consideraron el sacerdote Alejandro Solalinde y la académica Leticia Calderón.

Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, señaló que tiene pocas esperanzas, por no decir ninguna, de que estas medidas vayan a ser efectivas, porque desgraciadamente ya son muy tardías, y a estas alturas el crimen organizado ya infiltró muchísimo al instituto. Es muy difícil saber en quién se puede confiar y en quién no.

El hecho de que corran a algunos delegados o los transfieran a otras entidades, añadió, no podría considerarse una auténtica depuración, ya que las mismas prácticas estructurales corruptas seguirían vigentes.

La crisis del INM es tal, indicó el sacerdote, que incluso sería viable plantearse su desaparición, y crear en su lugar una subsecretaría con personal confiable y sin la carga de desprestigio y desconfianza que ahora tiene.

Además, conociendo la tendencia del gobierno a negar la realidad, no dudaría de que ésta fuera una estrategia más para cambiar su imagen y convencer a la opinión pública de que está haciendo algo. En el fondo se trata de un paliativo, y no se está investigando nada. Otra vez están realizando acciones sin consultarnos, desde arriba, y así no van a funcionar las cosas, dijo.

Por su parte, Leticia Calderón, especialista del Instituto Mora en temas de migración, coincidió en que la limpia del INM es indispensable, pero se produce de manera tardía, ya que las denuncias de complicidad entre los agentes y los secuestradores se han documentado con rigurosidad desde hace por los menos dos años.

En vez de atender las críticas, el gobierno mexicano se ha dedicado a descalificar datos contundentes. La restructuración sólo será posible si considera las voces críticas, disidentes y contestatarias de la gente que trabaja con los migrantes y los conoce.

Aunque las autoridades no supieran de la existencia y ubicación de las fosas del terror, su actitud omisa ha profundizado esta tragedia. Lo que se ha descubierto hasta ahora se queda corto, y ese encubrimiento es una actitud criminal, acusó.