El Instituto Nacional de Migración (INM) depurará su plantilla (integrada por unos 5 mil trabajadores) con el propósito de atajar la corrupción en el organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Funcionarios del INM, encabezados por Salvador Beltrán del Río, así como de Gobernación, reconocen que los exámenes de confianza aplicados a casi mil 200 empleados no han sido suficientes, por lo que es necesario aplicar medidas más estrictas para identificar y expulsar del instituto al personal que por diversas circunstancias se ha coludido con la delincuencia, en perjuicio de los migrantes.

En la preparación de los nuevos mecanismos, este miércoles se reunieron en la sede de Bucareli el comisionado Beltrán del Río y todos los subsecretarios de Gobernación, con la finalidad de articular y aplicar de inmediato la estrategia de depuración.

Previamente, el análisis fue directamente con el titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez.

El encuentro ocurrió luego que el Instituto Federal de la Defensoría Pública canalizó denuncias de 120 migrantes que acusaron a agentes del INM, como aquellos que en Tamaulipas los bajaron del autobús en que viajaban y los entregaron a secuestradores, en acciones disfrazadas de operativos oficiales.

Los funcionarios, de acuerdo con fuentes consultadas al término de la reunión, reconocieron que no es novedad la existencia de agentes que han desviado su función y cometen ilícitos no sólo administrativos, sino de posible responsabilidad penal. Además, destacaron la oportunidad con que se remitió a la PGR a los presuntos responsables, aunque uno de los siete está prófugo.

La indicación del más alto nivel es fortalecer la institución y depurarla. Los controles de confianza son herramientas importantes, pero no se ha logrado garantizar que todos los agentes migratorios y demás personal se apeguen a lo que estipula la Ley General de Población, señalaron los funcionarios consultados.

De una plantilla de 5 mil trabajadores y funcionarios que integran el INM, aproximadamente mil 200 han sido evaluados. En tanto, el órgano interno de control tiene abiertos unos 40 expedientes de casos que podrían derivar –como el de los agentes arraigados en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada– en casos de corrupción y delitos penales.

El comisionado del INM dijo que en la indagatoria de la PGR hay elementos que apuntan a que los agentes actuaban en diversos puntos en perjuicio de los migrantes, no sólo en Tamaulipas sino en otras zonas.

No sólo en Tamaulipas estamos actuando, también en Chiapas, Tabasco, en los aeropuertos, en donde ha habido denuncias señalando atropellos de este tipo, indicó Beltrán del Río.

Precisó que en 2010 y en lo que va de 2011 han sido repatriados más de 87 mil centroamericanos –70 mil en 2010 y 17 mil 97 de enero a mayo de 2011– con base en programas que buscan proteger los derechos humanos de los extranjeros, que incluye la ampliación de los grupos Beta, de protección a migrantes, y oficiales para resguardar a infantes.

Desde abril pasado, autoridades federales han rescatado a decenas de migrantes que estaban en casas de seguridad.

No se va a tolerar ninguna situación de abuso, violación a los derechos humanos y mucho menos la comisión de un delito, declaró ayer Beltrán del Río.