Una niña migrante de origen salvadoreño fue violada cuando viajaba por territorio nacional para reunirse con sus padres en Estados Unidos. Ahora el gobierno mexicano analiza repatriar a la víctima, a pesar de que su vida estaría en peligro.

Así lo denunció Luz Estela Castro, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, quien señaló que tanto la menor, de apenas ocho años de edad, y sus familiares han sido maltratados por funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

Debido a la miseria en su país de origen, los padres de la pequeña emigraron a Los Ángeles, California, donde actualmente residen, y dejaron a su hija a cargo de sus abuelos paternos. Sin embargo, poco después un grupo de la organización criminal La Mara Salvatrucha comenzó a extorsionarlos para no secuestrar a la niña.

Cuando los abuelos dieron aviso a los padres, éstos pagaron a un coyote 7 mil dólares para que llevaran a la menor hasta la frontera de México con Estados Unidos, pero esa persona, acompañada de tres hombres, abusó sexualmente de la menor, explicó Castro.

Cuando finalmente la víctima denunció la agresión, las autoridades de Chihuahua detuvieron a los cuatro imputados el pasado 18 de abril y se llevaron a la menor a un albergue del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde permanece hasta la fecha, sin que se le haya permitido ver más de 15 minutos a su abuela, Ana Girón, quien viajó a México para reunirse con ella y solicitar la custodia.

La mañana de este miércoles la señora se plantó en la plaza Hidalgo, frente al palacio de gobierno del estado, en la capital de Chihuahua, para demandar a las autoridades del DIF la entrega de su nieta.

Ahí denunció que además de que sólo la han dejado ver a la niña 15 minutos, los funcionarios del DIF la interrogaron sobre su estilo de vida y cuestionaron los motivos por los cuales los padres de la pequeña la dejaron a su cuidado.

La presidenta del DIF, Bertha Gómez de Duarte, informó que esa institución intervino a petición del INM, para proteger y brindar atención médica y sicológica a la víctima en tanto se realiza el protocolo para su repatriación.

Aseguró que la menor está recibiendo el apoyo indicado para ayudarle a superar la agresión y agregó que el DIF está comprometido a coadyuvar para que la niña y su familia estén juntos, pero tiene la obligación de respetar los lineamientos de las autoridades migratorias.

Si hay algún procedimiento migratorio, que se cumpla, pero no pueden impedirles que se reúnan. Estamos haciendo el trámite para que la abuela pueda ver a su nieta, pero nos hemos enfrentado con la indolencia de los gobiernos de México y El Salvador, denunció Luz Estela Castro.

La también abogada aseguró que las autoridades del DIF y del INM han incurrido en violación a los derechos fundamentales de la menor al darle el trato de un adulto indocumentado, y resaltó que la situación podría agravarse si es repatriada.

Asimismo criticó al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendáriz, quien señaló que no hay certeza de que el crimen se haya cometido en la entidad. No le compete a él saber eso, pero de inmediato salió a defender al gobierno local. La niña corre mucho peligro si es repatriada, porque allá están sus agresores. De los cuatro hombres que la atacaron, sólo uno está bajo proceso y los otros tres fueron liberados y están en El Salvador, lamentó.

Luego de la protesta que la abuela de la niña realizó frente al palacio de gobierno, integrantes de organizaciones no gubernamentales consiguieron que la delegada regional del INM, Julieta Núñez, aceptara recibir a la señora, quien solicitará ayuda de la funcionaria para agilizar el rencuentro de la niña con sus padres.