En comisiones unidas, diputados locales de PRD, PAN, PRI, PT y PVEM aprobaron la creación de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, que permitirá reducir la sobrepoblación en los centros de reclusión capitalinos. Además se avalaron cambios a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia (TSJDF) para armonizar el contexto normativo local con el federal en materia de reforma judicial y así, en ambos casos, cumplir con el mandato constitucional que mandataba a esas modificaciones.

Según el dictamen –votado en las comisiones de Administración y Procuración de Justicia, y en la de Seguridad Pública, de la Asamblea Legislativa– todo el sistema preliberatorio dejará de ser administrado por la Subsecretaría de Gobierno (dependiente del gobierno del DF) y pasará al TSJDF, donde se crearán salas, jueces y magistrados especializados en la materia.

Estos impartidores de justicia serán los que conozcan de aquellas solicitudes de reos sentenciados que deseen recibir los beneficios preliberatorios, los cuales aplicarán para quienes cumplan con ciertos requisitos, como que sean primodelincuentes y no estén presos por delitos graves.

Para este tipo de casos, los togados deberán realizar juicios orales, los que serán grabados y emitirán una resolución de si es viable la libertad anticipada; también podrán modificar o declarar extinta las penas. Sus fallos podrán ser impugnados ante un magistrado en la misma materia.

Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, dijo que con la transferencia de esa materia al TSJDF se acaba con la discrecionalidad que imperaba en la Subsecretaría de Gobierno, pues nadie sabía porqué se daban beneficios y a veces se hablaba de cuestiones de corrupción.

A su vez, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Carlos Flores Gutiérrez, detalló que el beneficio de reclusión domiciliaría será sólo para primodelincuentes, siempre y cuando hayan cubierto la totalidad de la reparación del daño, que su pena privativa de la libertad sea mayor a cinco años y menor de 10 años de prisión, comprobar que en el exterior tenga un oficio o continuar estudiando, y cubrir el costo del dispositivo de monitoreo.

Finalmente, el diputado local del PRD, Alejandro Carbajal, dijo que actualmente se liberan al año entre 400 y 500 internos, pero con estas reformas podrán salir más del doble; es decir, entre mil y 2 mil de sentenciados.

El dictamen será presentado en la sesión extraordinaria del pleno de la ALDF de este miércoles para su discusión y votación final.