No podemos luchar contra el crimen desmantelando las garantías individuales y el estado democrático y constitucional de derecho, sostuvo Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ofrecer una conferencia magistral como parte del tercer Foro sobre Seguridad y Justicia Penal, que se efectuó en la ciudad de México.

Al referirse a la propuesta que se debate en el Congreso de la Unión para reformar el artículo 29 de la Carta Magna, el constitucionalista cuestionó los fundamentos de quienes propusieron esa iniciativa. ¿Por qué urge esta reforma?, ¿por qué la necesidad de retirar esta piedra que son las garantías? No entiendo por qué deben eliminarlas para que la autoridad se sienta con mayor soltura, destacó.

Experto en el sistema de justicia penal, García Ramírez habló frente a un auditorio compuesto por abogados, fiscales, procuradores, académicos, criminólogos y otros especialistas que participan en este foro.

Al referirse a la reforma constitucional en materia de justicia penal promulgada hace tres años, el jurista indicó que no debió aprobarse la restricción de garantías en materia de delincuencia organizada, aun cuando se afirme que se requiere para combatir a los criminales más peligrosos.

En su discurso, García Luna tocó desde aspectos criminológicos, como la prevención del delito y la incidencia delictiva, hasta temas torales de la reforma constitucional de justicia penal de 2008, como la reinserción social, la oralidad de los juicios y el sistema alternativo de resolución de controversias.

En ese contexto, reconoció la contribución de los activistas sociales que, tras sufrir la pérdida de un familiar, tomaron la bandera de la exigencia de justicia como para contribuir a mejorar la labor de policías, fiscales, jueces y abogados.

Destacó los nombres de Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí, Nelson Vargas, el sacerdote Alejandro Solalinde y del poeta Javier Sicilia, todos ellos marcados por la tragedia personal al haber perdido algún familiar o persona cercana víctima del crimen organizado, a quienes consideró puntales de la exigencia ciudadana que está empeñada en que las autoridades mejoren la procuración e impartición de justicia en el país.

Una justicia democrática implica resoluciones judiciales públicas; por ello, no tengo la menor duda de los grandes beneficios que tiene la transparencia en la labor de los órganos jurisdiccionales, expuso.