El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, exhortó este jueves a abogados, académicos, legisladores, intelectuales y funcionarios públicos a superar el litigio político en los temas de seguridad pública y justicia penal, con el fin de unificar criterios nacionales, priorizar esta capacidad, tanto en la parte de jueces, ministerios públicos y policía, y formar un frente común en contra del crimen organizado.

Al participar en el segundo día de actividades del Foro sobre Seguridad y Justicia que organizó la Red Nacional de Organizaciones Civiles a favor de los juicios orales, el funcionario refirió que en el tema de la violencia provocada por la delincuencia organizada es impensable que se diga, desde la sociedad civil, que la estrategia o que la visión o que el enfoque de ataque (al crimen) es equivocado.

En el mismo foro participó la nueva titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Patricia Bugarín, quien coincidió con García Luna en que si el Congreso de la Unión no se apura en la aprobación de las modificaciones relacionadas con los asuntos de seguridad y justicia, entre ellas la reforma a los códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, así como la creación de una ley que unifique a todas las policías, será difícil que funcione el nuevo sistema de justicia penal, que incluye a los juicios orales.

Si no es bajo ese esquema (de las reformas), no vamos a avanzar a una mejora en la seguridad pública, ni en la procuración e impartición de justicia en el país, destacó la jefa de fiscales anticrimen.

García Luna se refirió a un problema que, desde su óptica, ha provocado que las policías municipales no se puedan modernizar. Dijo que después de tres años de aplicado el Fondo Federal de Subsidio Municipal (Subsemun), que representó una inversión superior a los 4 mil millones de pesos, el esfuerzo no sirvió para nada, porque después de tres años se cambian alcaldes y, con ellos, se cambia a los policías, se modifican los sistemas de seguridad y los agentes que ya habían sido capacitados se van.

En la misma mesa de trabajo, la académica Ana Laura Magaloni, integrante de la Red de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, aseguró que la falta de trabajo conjunto entre agentes del Ministerio Público e investigadores, aunado a los procesos formales de investigación, provocan impunidad en la mayoría de los delitos.

La especialista señaló que el actual sistema de integración de averiguaciones previas es tan rígido y burocrático, que no diferencia la gravedad de los casos y los condena al olvido.

Hay un método de trabajo que no está dialogando como debe y mientras eso no sucede a la policía se le caen los casos, el Ministerio Público no va a consignar. Nos vemos en la penosa necesidad de haber tenido a no sé cuánta gente y no se puede consignar ni dos por ciento, y eso que acabamos consignando se acaba cayendo a montón, destacó Magaloni.

En otra mesa, donde se analizaron los pendientes de la agenda legislativa en materia de justicia penal, el criminólogo Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Ciencias Penales de la UNAM, así como diputados y senadores de PAN, PRI y PRD, advirtieron que los partidos políticos en el Congreso de la Unión han sido en buena parte responsables de que la reforma de justicia no haya alcanzado aún la efectividad esperada, por ejemplo, en la implementación de los juicios orales.

A su vez, Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, aseguró que la reglamentación de la reforma penal deberá aprobarse en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que se inicia en el mes de septiembre.

Necesario, código procesal único

Joaquín Coldwell coincidió en que es necesaria la creación de un código procesal único. Sin embargo, advirtió que el éxito de la implementación de la reforma también depende del liderazgo político que se ejerza desde la Presidencia de la República y los gobernadores.

El senador panista Alejandro González Alcocer aceptó que hay pendientes en el Congreso, como la ley del derecho de eéplica, la de amparo y la de seguridad nacional.

De su lado, el diputado del PRD y ministro jubilado Juventino Castro y Castro consideró que la reforma de justicia penal será inoperante mientras no entren en vigor los juicios orales, que darán transparencia y equidad a los procesos penales.

Finalmente, Felipe Borrego, secretario técnico del Consejo para la Implementación de la Reforma Penal, confió en que el presidente Felipe Calderón Hinojosa presente pronto una iniciativa al Congreso de la Unión para dar creación a un Código Penal único.