Las relaciones entre el área ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) y su contraloría general “están absolutamente deterioradas, debido a la falta de transparencia en la gestión del contralor (Gregorio Guerrero Pozas), cuya estrategia está orientada más a escandalizar en los medios de comunicación que a tener una función eficaz de su cargo, que corrija las indudables deficiencias de la administración, sostuvo el consejero Alfredo Figueroa, para quien es necesario que esa instancia replantee su forma de trabajo.

En sus informes –subrayó el consejero– no se refleja en realidad el estado de la administración en el IFE y las medidas que propone para corregirlas. Y cita un ejemplo: un primer informe sobre la gestión administrativa de 2009 advertía de serias irregularidades en el órgano electoral por un monto que oscilaba entre 300 y 400 millones de pesos; posteriormente, en su reporte final de ese año, el daño patrimonial al instituto se redujo a un millón de pesos.

Entrevistado sobre la confrontación que se ha desatado entre las áreas ejecutivas del IFE y la contraloría general, el consejero considera que en el desempeño de la contraloría no se honra el principio de certeza ni la idea de una fiscalización anualizada ordenada. Y eso, lamentablemente, no contribuye en absoluto a la mejorar la situación administrativa.

Figueroa considera que en muchos casos se han filtrado informes de la Contraloría –si bien no puedo señalar desde qué instancia se efectúa esta difusión de informes oficiales– en los que se advierte sobre irregularidades graves, que posteriormente sirven a algunos medios de comunicación, en especial a Televisión Azteca, para descalificar el trabajo del IFE, a partir de estas presuntos desvíos.

El consejero menciona otro ejemplo, relacionado con la cuestionada adquisición de un edificio en Acoxpa con un sobreprecio de 583 por ciento, según el reporte de la contraloría.

Sin embargo, existe una inconsistencia fundamental, dice, pues para sacar esa conclusión la contraloría compara dos escrituras sobre una propiedad que no es la misma, pues se habla de un avalúo inicial de 45 millones de pesos, pero de un inmueble con 2 mil 500 metros cuadrados de construcción en 2007, contra otra escritura, de 2009, de un edificio de 10 pisos y más de 11 mil metros cuadrados de construcción, con una escritura de alrededor de 262 millones de pesos.

Para Figueroa, este tipo de inconsistencias en las aseveraciones de la contraloría es lo que ha ido deteriorando la relación entre las áreas administrativas del IFE y esa instancia.