e acuerdo con la declaración formulada ayer en una audiencia legislativa en Washington por el comandante Gomecindo López, integrante de la Unidad de Operaciones Especiales de la policía de El Paso, diversos integrantes de cárteles de la droga tienen su residencia habitual en territorio estadunidense, realizan sus negocios en México y luego vuelven a cruzar. La información es consistente con un reciente informe del Departamento de Justicia del país vecino que advertía del riesgo de que narcos mexicanos establecieran su residencia en Estados Unidos para vivir en paz.

El dato es exasperante porque indica, más allá de toda duda razonable, que algunas autoridades policiales de la nación vecina cuentan con información sobre la delincuencia organizada, pero ello no necesariamente se traduce en capturas, lo que es indicativo de la doble cara estadunidense en la guerra contra las drogas impuesta por Washington en diversos países al sur de su frontera, como Colombia y México. Esa información fue la que permitió a las corporaciones policiales detener de manera fulminante, tras el asesinato de un oficial de aduanas de Estados Unidos en San Luis Potosí, el mes antepasado, a varias centenas de presuntos narcos que operaban en territorio de la superpotencia.

Esa tolerancia a la delincuencia organizada mexicana es una pieza más de una serie de indicadores que obligan a sospechar de la honestidad de las autoridades estadunidenses en su participación en el combate a los grupos dedicados al trasiego de drogas ilegales.

Otro elemento en este sentido es la indulgencia de que se benefició el Banco Wachovia una vez que se descubrió que esa empresa realizó, en cosa de dos años, operaciones irregulares por 374 mil millones de dólares que posiblemente constituyeron una colosal operación de lavado de dinero para los cárteles de la droga: a la postre, la institución bancaria hubo de pagar una multa por 160 millones de dólares, equivalente a sólo 2 por ciento de las utilidades que obtuvo con sus transferencias ilícitas.

A ello debe agregarse la participación de varias dependencias del gobierno de la nación vecina en el contrabando de armas de fuego de alto poder hacia territorio mexicano, en una operación denominada Rápido y furioso, que supuestamente tenía como objetivo rastrear ese trasiego letal.

Mientras los distintos niveles de gobierno de Estados Unidos colaboran con el narcotráfico o se hacen de la vista gorda ante sus actividades, y mantienen, así, la paz y la seguridad pública de aquel lado de la frontera, en nuestro país el combate a esa actividad delictiva se ha traducido en decenas de miles de muertes, en una descomposición sin precedentes de las instituciones, en la pérdida de control territorial de diversas regiones por parte del Estado, en la desintegración del tejido social en extensas zonas y en una desesperanza ciudadana cada vez más desoladora.

En esta circunstancia, hay sobrados elementos de juicio para replantear el sentido, el rumbo y los instrumentos de una estrategia de seguridad pública y nacional que ha apostado a la sumisión a Washington y a una colaboración más que dudosa: hasta ahora, el gobierno y la economía del país vecino no han recibido más que beneficios de esa estrategia –utilidades financieras astronómicas derivadas del lavado de dinero, un mercado floreciente para la industria armamentista y, por si fuera poco, una colaboración del gobierno mexicano que se parece mucho a la rendición de la soberanía nacional–. Nuestro país, en cambio, se ha visto sumido en una pesadilla de violencia, escenarios de guerra, degradación, destrucción y sufrimiento humano. Es tiempo de un viraje de fondo en la política contra las drogas, en la concepción de seguridad pública y de seguridad interior, y en los términos de la relación bilateral enttre México y Estados Unidos.