La nueva Ley de Migración viola diversos artículos de la Constitución relativos a la no discriminación, igualdad, libertad de tránsito y acceso a la justicia, además de que hace un vínculo inadecuado entre ese tema y el de seguridad nacional, advirtieron integrantes de asociaciones civiles de defensa de los derechos humanos, entre ellas el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), I(dh)eas, Sin Fronteras, Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y otros que constituyeron el grupo de trabajo sobre la legislación en la materia.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Fabianne Venlet, de Inedim, destacó que en la ley persiste una alta discrecionalidad para la actuación de la autoridad encargada de ponerla en práctica, toda vez que se permite al Instituto Nacional de Migración (INM) que, sin orden judicial, realice operativos y verificaciones domiciliarias, los cuales prácticamente son cateos. Esto está aprobado –subrayó– pese a que la Constitución advierte que nadie puede ser molestado en su domicilio, en su persona o en sus bienes, sin mandamiento escrito de la autoridad competente.

No previene secuestros masivos

Aunado a ello –dijo–, permite las detenciones en estaciones migratorias por plazos que exceden los legalmente permitidos por la Carta Magna, pero no se menciona siquiera el derecho que deben tener las y los migrantes a la concesión del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de una defensa. Tampoco contempla ningún estatus para la población transmigrante, de modo que no contribuye de manera importante a prevenir y proteger contra los secuestros masivos de que son víctimas.

Venlet dijo que, por si fuera poco, la ley carece de los mecanismos necesarios para materializar la protección de los derechos humanos de los indocumentados y contiene medidas que permiten a los grupos policiacos, como a los de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de otras corporaciones, llevar a cabo acciones de control y de verificación migratoria.

Mario Santiago, de I (dh)eas, y Perseo Quiroz, de Sin Fronteras, precisaron que los artículos constitucionales que la nueva ley viola son el uno, 11, 15, 17 y 27, e hicieron un llamado a los legisladores a que reflexionen sobre la necesidad de tener una ley que otorgue prioridad a los derechos humanos por encima de cualquier otro tema.