Cancún, QR., 1° de mayo. El cabildo de Cancún aprobó solicitar a la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Ludivina Menchaca Castellanos, así como a otros ex funcionarios del municipio de Benito Juárez, que por moral política desistan de las demandas laborales iniciadas en contra del municipio para no empeorar su histórica crisis financiera.

La senadora tiene un juicio por 250 mil pesos, pues demanda que se le liquiden cuatro remuneraciones salariales no cubiertas durante su periodo de regidora de 2002 a 2004, cuando renunció a la comuna junto con otros 10 integrantes, durante la crisis donde el Congreso estatal decretó la desaparición del ayuntamiento que presidía Juan Ignacio García Zalvidea, para nombrar un concejo municipal depués declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La síndica panista Guadalupe Leal Uc propuso durante la segunda sesión ordinaria del cabildo un punto de acuerdo con el propósito de que los ex servidores con demandas laborales abandonen sus exigencias o devuelvan el dinero que se les pague en los juicios iniciados. A Menchaca Castellanos le asiste el derecho de querer cobrar, pero ella renunció a un cargo irrenunciable y es una incongruencia que ahora quiera el dinero, explicó la funcionaria.

El alcalde perredista Julián Ricalde Magaña respaldó la iniciativa y exhortó a los demandantes a tener un poco de decencia y de moral pública, pues lo que reclaman es dinero del pueblo. El municipio de Benito Juárez debe mil 400 millones de pesos a diversos bancos, que representan 70 por ciento del presupuesto anual, además de 225 millones que son obligaciones de corto plazo e incluyen 105 millones de proveedores y otros 120 millones de demandas fiscales, mercantiles y laborales.

Otro ex funcionario que demandó resarcimientos, pero se comprometió a desistir, es el actual diputado local del Partido Nueva Alianza Baltazar Tuyub, ante la compleja situación financiera que según el tesorero Leonel Sauri Galué impone a la administración de apenas 20 días tramitar un crédito revolvente para resolver los pasivos más apremiantes y restituir servicios públicos que han colapsado ,como recolección de basura, pavimentación y mantenimiento urbano.

De hecho, el 12 de abril pasado el propio presidente municipal Ricalde Magaña dio a conocer que al menos 500 trabajadores del municipio serían despedidos, y censuró a los regidores que lo presionan para tener grupos de asesores u obtener apoyos incongruentes como los de su antecesor priísta Víctor Viveros, cuyo sueldo en el pasado trienio ascendió a 250 mil pesos mensuales.

Aunado a ello, el ex tesorero Carlos Trigos Perdomo –quien ya debía restituir 20 millones de pesos a las arcas locales y fue inhabilitado al no presentar su declaración jurada– fue denunciado por la administración del ex alcalde Jaime Hernández Zaragoza dada su presunta participación en el pago de más de 88 millones de pesos en bienes y servicios que no se recibieron.

El pasado ayuntamiento también pretendió remediar la falta de liquidez con la venta de terrenos del municipio, tal como hizo antes el encabezado por Francisco Alor, a causa de la deuda, cuyo servicio absorbe ya unos 200 millones de pesos anuales.