El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la minuta que reforma un paquete de leyes secundarias en materia de acciones colectivas; éstas permitirán a los ciudadanos, consumidores o sectores de la sociedad iniciar procedimientos jurídicos contra empresas o monopolios, cuyas actividades lesionen el interés de la población.

Por mayoría de 398 votos en favor, cuatro en contra y seis abstenciones, los legisladores reformaron el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección del Consumidor, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Los cambios a ese conjunto de normatividades se derivan de la reforma al artículo 17 constitucional que el Congreso federal avaló hace un año.

Con ello se otorga legitimidad a las acciones colectivas cuando éstas dirijan sus procedimientos jurídicos a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y la Comisión Federal de Competencia.

Poco después también se aprobó una reforma para incrementar la operatividad, eficiencia y optimizar la estructura del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, al transformar al personal de servicio en personal de arma.

La reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea incorpora el enunciado jurídico en el que el personal militar en activo puede ser reclasificado de un servicio a un arma.

La explicación a esto es que se pretende mantener la operatividad del Ejército y la Fuerza Aérea en el desempeño de tareas que demandan un alto grado de especialización, además de lograr con ello un importante ahorro en tiempo y recursos de capacitación, porque todo el personal de servicio cuenta con formación militar.

Fue Enrique Ibarra, legislador por el PT, quien se opuso a la reforma porque se traducirá en incrementar el número de elementos militares dedicados a las armas, y se dañará la estructura del personal especializado en medicina, ingeniería y apoyo a la población.

A la fecha las fuerzas armadas cuentan con un registro de 220 mil efectivos, de ellos 90 mil se dedican a las labores de las armas, y con la reforma aprobada ayer el Ejecutivo podrá disponer de la totalidad para labores que no están previstas en la Constitución, como el patrullaje de las calles, adujo el diputado Ibarra.

Por lo que hace a la minuta de acciones colectivas, la reforma garantiza la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos a través de los tribunales de la Federación. Así, se haría procedente que aquellas personas que hayan sufrido daños o perjuicios a causa de una práctica monopólica o concentración prohibida podrán interponer las acciones en defensa de sus derechos o intereses, de forma independiente a los procedimientos previstos en la ley.

Cuando se vulneren derechos o intereses de una colectividad o grupo de consumidores, en su caso la Procuraduría de Protección del Consumidor podrá ejercitar la acción colectiva, y en su caso, también, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se encontraría facultada para iniciar las acciones procedentes ante las autoridades que conozcan de actos, omisiones o violaciones a las legislaciones administrativa o penal.

A pesar de las bondades que se plantearon en la exposición de motivos de la minuta del Senado, el diputado Jaime Cárdenas, del Partido del Trabajo, consideró que los pretendidos avances se acortan ante la creciente demanda de los ciudadanos, y las acciones colectivas aprobadas el día de ayer dejan en indefensión a las poblaciones indígenas y rurales ante los gobiernos de los estados o los municipales que afecten a los ciudadanos.

En el transcurso de la sesión ordinaria celebrada el día de ayer, el pleno camaral aprobó diversas reformas a la Ley General de Salud con el fin de fortalecer el proceso de donación y transplante de órganos. Así, la Secretaría de Salud se verá obligada a emitir las disposiciones de carácter general que permitan la homologación de los criterios de atención médica integral en materia de donación y transplante de órganos.

Mientras sesionaba el pleno, la Comisión de Seguridad Pública aprobó un dictamen por el cual se crearía la policía fronteriza, cuyas facultades redundarían en la prevención, vigilancia y persecución de los delitos a cargo del Ministerio Público Federal en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas.

El proyecto de dictamen otorgaría a la Policía Federal la posibilidad de crear un cuerpo especializado en seguridad fronteriza.

Promovida por el presidente de la Cámara, Jorge Carlos Ramírez Marín, y su compañero priísta Arturo Zamora, la iniciativa contempla que la policía fronteriza actúe contra el tráfico de armas, explosivos, insumos para el fomento de la adulteración de medicinas, bebidas alcohólicas y cualquier otra sustancia de consumo humano, y la vigilancia de los procedimientos en materia aduanal.