Mientras el Ejército Mexicano despliega más de 60 mil efectivos cada día en la lucha contra el crimen organizado, principalmente en las zonas donde se realizan los llamados operativos conjuntos que iniciaron en diciembre de 2006, la Agencia Federal de Investigación (AFI) aporta 279 elementos, para custodia del Centro Federal de Arraigo utiliza 90 personas y para realizar la función de escoltas de funcionarios y el cuidado de testigos protegidos, 506 agentes, indica el diagnóstico elaborado por el almirante Wilfrido Robledo Madrid, ex director de la AFI.

Sólo de enero de 2010 a abril de este año, el personal que la AFI destina en sus delegaciones ha disminuido en 199 elementos, al pasar de 2 mil 38 a mil 839, pero un dato que resalta en las estadísticas es en lo que se considera personal irregular, el cual ha sido, en promedio, de 270 agentes en el periodo señalado.

Según el documento, del cual La Jornada posee copia, en el periodo mencionado la AFI ha sufrido una reducción total respecto de enero de 2010 a abril de 2011, de 21 por ciento.

La información refiere que durante la dirección de Robledo Madrid, 36 agentes fueron destituidos 33 renunciaron, cuatro abandonaron el empleo, a 14 se les terminó el contrato, dos tienen incapacidad permanente y 23 murieron: en total, 112 bajas.

El personal irregular no labora, debido a que tres enfrentan proceso penal sin privación de la libertad; 28 tienen proceso penal privados de la libertad; 107 abandonaron el trabajo; 32 están en suspensión temporal; 53 fueron declarados no aptos y están a la espera de la resolución de baja, y 55 tienen licencias médicas sucesivas; es decir el estado de fuerza de la AFI disminuyó en otros 278 elementos.

Por lo que se refiere a los agentes que “se encuentran en apoyo a diversos operativos”, se menciona que en el operativo Chihuahua se comisionó a 49 elementos; para el de Michoacán, 36; en el Operativo Conjunto Noreste (Tamaulipas-Nuevo León), 104 elementos.

Aun así, el informe indica que la productividad por agente se duplicó durante la dirección de Robledo Madrid, al pasar de 199 casos por elemento en 2009 a 394 mandamientos ministeriales cumplidos en 2010. Según el documento, en los cinco años recientes no se había registrado ese nivel de eficiencia, ya que en 2006 sumaban 174 expedientes por elemento; 221 en 2007, y 181 en 2008.

Acerca del cumplimiento de mandamientos judiciales, se menciona que mientras en 2006 la productividad fue de 17 casos por agente, en 2007 disminuyó a 12, la cifra se mantuvo en 2008, para 2009 subió a 15 y en 2010 a 19 casos.

En cuanto a extradiciones, se señala que durante la gestión de Wilfrido Robledo se recibieron 14 mandamientos más que en 2009, lo que representó 29.78 por ciento adicional; asimismo, en 2010 se cumplieron seis mandamientos más que el año inmediato anterior.

El crecimiento y desarrollo del crimen organizado, entre las principales amenazas que enfrenta la corporación, sostiene el almirante Wilfrido Robledo MadridFoto Marco Peláez

Entre las estrategias que quedaron pendientes están la reingeniería de procesos para elevar la calidad de la investigación y operación policial, apartado en el cual se tenían ofertas de firmas consultoras especializadas y se solicitaron recursos de la Iniciativa Mérida, pero falta la asignación de recursos para la contratación de asesoría externa.

También quedó en proyecto que se otorgue a la AFI autonomía técnica y operativa para realizar investigación, porque no se ha publicado el reglamento a la Ley Orgánica de la PGR. Otro tema que se mantiene detenido por la falta de ese ordenamiento legal es la modificación de la estructura orgánica, la conversión de plazas para realizar funciones de inteligencia criminal e inspección policial, que buscaba elevar la eficacia en el cumplimiento de mandamientos ministeriales y judiciales y contar con una estructura que agrupara las funciones y disminuyera los tramos de control en la corporación.

Debido a que en la PGR no se han asignado recursos, está pendiente reconocer la trayectoria, ofrecer posibilidades reales de desarrollo profesional y personal de los elementos, así como que se fomenten el arraigo y el sentido de pertenencia hacia la institución, para lo cual se requieren 217 millones de pesos, pues se aplicarían en mil 789 movimientos escalafonarios.

También quedaron pendientes la redistribución del despliegue policial, pues se considera que la actual designación de agentes es inoperante y no se trabaja donde se presentan los mayores índices de delincuencia; modernizar el equipo aéreo para una mayor detección e intercepción de tráficos ilícitos; la especialización de mil cien elementos en materia de lavado de dinero, secuestro, narcotráfico, trata de personas y delitos cibernéticos, entre otros temas en los que participa la delincuencia organizada.

Otro problema de la corporación radica en el hecho de que no existen ordenamientos legales que permitan mejorar las condiciones salariales de los agentes y sus mandos. Comparativamente, el diagnóstico refiere que mientras el comisario en jefe, un comisario y un inspector general de la AFI ganan 8 mil 220 pesos al mes, el jefe de la Policía Federal percibe 10 mil 400, un comisario 9 mil 600 y un inspector 8 mil 900 pesos.

Los suboficiales y oficiales de la AFI y la Policía Federal perciben 6 mil 576 pesos mensuales, pero un subinspector de la AFI gana 6 mil 576, contra los 6 mil 700 del de la Policía Federal.

Según el estudio, los ingresos salariales entre una y otra corporación llegan a representar, en conjunto, diferencias hasta de 429 mil 113 pesos al mes, tomando en cuenta las compensaciones que obtienen agentes, oficiales y jefes.