La presentación del informe de la contraloría general del Instituto Federal Electoral (IFE) y la respuesta de la secretaría ejecutiva a las observaciones sobre graves irregularidades administrativas, evidenció anoche las diferencias entre ambas instancias.

El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés, llamó a replantear el papel de la contraloría, para dirigirlo hacia una visión más constructiva y preventiva, en tanto que el consejero Marco Antonio Baños negó que el organismo sea un nido de corruptos.

Sin embargo, incomodó al contralor Gregorio Guerrero la demora en la presentación del informe de la contraloría, originalmente entregado en febrero, y la estrategia de hacerlo coincidir con la presentación de una respuesta del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina.

Durante una larga sesión del IFE, los consejeros también avalaron que el organismo devuelva el expediente del vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar Romero, a la Secretaría de Gobernación, misma que en días pasados rechazó sancionarlo por violaciones a la legislación. Subrayaron que el IFE, como lo ordenó en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, realizó la investigación y encontró responsable al presbítero, turnando las conclusiones a Gobernación para que lo sancionara.

Los consejeros electorales Alfredo Figueroa y Marco Antonio Baños censuraron la postura asumida por la Secretaría de Gobernación, toda vez que, según Figueroa, abdicaba de sus respon- sabilidades como la autoridad que puede sancionar a los ministros de culto. Baños aseguró que la dependencia no podría asumir el papel de comparsa y consideró que su posición al desentenderse de sancionar a Romero, era un muy mal mensaje ante el proceso electoral de 2012.

Colocados como los dos últimos puntos de la orden del día, el informe del contralor y la réplica del secretario exhibieron lo que era evidente en el IFE, las abiertas diferencias entre las partes. Más allá de las frases diplomáticas, hubo cuestionamientos mutuos, dado que Guerrero, sin voz en el consejo, entregó un oficio para ser leído en la sesión en el que cuestionaba la ilegal solventación de observaciones en una sesión del Consejo General:

La contraloría general no puede, ni debe admitir, la respuesta o solventación de observación alguna, mediante el informe presentado por la secretaría ejecutiva y respetuosamente lo conmina a observar las leyes aplicables al proceso de fiscalización.

Con matices, varios consejeros, incluido Valdés, reivindicaron la presentación del informe del secretario ejecutivo y algunos descalificaron la forma como se ha difundido. El consejero Alfredo Figueroa fue el más crítico de las observaciones de la contraloría, porque no contribuyen a corregir y prevenir acciones irregulares.

Dijo que había acusaciones dolosas en algunas partes, criticó filtraciones de información del informe y censuró información incompleta en algunos casos, como la adquisición del inmueble de Acoxpa, que orienta a asumir conclusiones equivocadas, según dijo.