La Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó ayer el dictamen por el que se expide la ley del registro nacional de niños, adolescentes y adultos desaparecidos, para crear una base de datos que facilite la búsqueda de personas y dé seguimiento a los casos sobre desaparición forzada denunciados.

El presidente de la comisión, el panista Felipe González, sostuvo que desafortunadamente, el país pasa por un momento crítico, ya que se realizan 18 secuestros diarios en todo el país.

Agregó que después del narcotráfico, la trata de personas es una de las actividades ilícitas que aportan más ganancias al crimen organizado.

En el dictamen se refiere que el secuestro representa una constante noticia, sobre todo por el incremento que ha tenido en años recientes y por estar directamente relacionado con la pornografía, el tráfico de órganos, adopción ilegal, explotación laboral infantil  y abuso sexual.

Al concluir la reunión de la comisión en la que se dictaminó la iniciativa de ley, el senador González precisó que “hoy, ante una denuncia de desaparición de una persona, se realiza exclusivamente una estadística, pero no se hace un seguimiento puntual de los casos.

Esta nueva ley obliga a los tres niveles de gobierno a coordinarse para establecer un registro puntual de personas desaparecidas, para que pueda ser consultado por todas las autoridades y se facilite su búsqueda.

González apuntó que una vez aprobada, la ley obliga a la creación de una institución enmarcada en la responsabilidad de la Procuraduría General de la República para que realice el banco de datos a nivel nacional.

También prevé la articulación, coordinación y ejecución de programas, proyectos y acciones para combatir las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos.

Plantea que el Estado, en sus diversos órdenes de gobierno, desarrollará políticas públicas integrales eficaces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación de los diferentes sectores y grupos de la sociedad civil.

Proponen ley de amnistía para presos y perseguidos de Oaxaca

En nombre de senadores de varios partidos, el perredista Armando Contreras presentó una iniciativa con proyecto de ley de amnistía para los presos y perseguidos por motivos políticos en el estado de Oaxaca.

Los legisladores exponen que debe decretarse una amnistía en favor de todas las personas contra quienes se haya ejercido o pudiera ejercerse acción penal ante tribunales federales por delitos cometidos como resultado de hechos de violencia, o que tengan relación con ellos, suscitados en varios municipios del estado de Oaxaca impulsados por móviles de reivindicación social a partir del 28 de agosto de 1996 hasta el 31 de diciembre de 2000.

La propuesta, destacan los legisladores, obedece a que hay un sinnúmero de procedimientos penales en algunos expedientes que, hasta el momento, están concluidos con sentencias absolutorias y condenatorias, estas últimas en el fuero federal, pendientes de ser recurridas por la vía de amparo directo.

Por ello proponen una amnistía para extinguir toda acción penal por delitos sancionados por leyes federales.