El secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, señaló durante una conferencia de prensa que es inadmisible dejar de combatir a los criminales o dejarlos hacer en paz su negocio, porque su negocio es la muerte. El funcionario sostuvo que no es opción dejarlos operar, por lo que el gobierno federal seguirá luchando contra los grupos delincuenciales y advirtió que la violencia no será solapada.

Abundó: No es admisible, no es posible, no es opción para el gobierno de la República, ni puede serlo para nadie en nuestro país, el dejar de combatir esta enfermedad social y criminal. Tampoco es opción el dejarlos hacer en paz su negocio, para que nos dejen en paz a nosotros. Ésta no debió de ser nunca una opción en el pasado y no lo será, no lo ha sido, en modo alguno para la administración del presidente Calderón, dijo.

“Porque el negocio de estos criminales es el negocio de la muerte. El de la impunidad, el del miedo y la zozobra de la población. El de la cooptación de las autoridades para que trabajen para el crimen y no para la sociedad, no para los ciudadanos. Su negocio es también el de corromper a la sociedad pensando y promoviendo que la vida se gana por la fuerza de las armas y se pierde siempre de la misma forma.

México niega en todas sus expresiones legítimas, con toda contundencia, la visión de estos criminales. México anhela y construye día con día un sendero de paz, libertad, seguridad, legalidad, tolerancia, trabajo, progreso, respeto mutuo y prosperidad para todas y para todos, señaló el funcionario.

Caso Tamaulipas

Por otra parte, Poiré Romero fue interrogado en torno a cuáles fueron las fallas del operativo conjunto que realizan las fuerzas federales en Tamaulipas, para que a menos de un año de la matanza de 73 migrantes, se haya registrado la muerte de 183 personas más; también se le preguntó en dónde estaban los marinos, el Ejército y la Policía Federal. De igual manera por qué no hubo una alerta para los viajeros que estaban circulando por esa entidad.

El también vocero del gabinete de seguridad nacional respondió: Hay una presencia muy importante del gobierno federal en Tamaulipas, pero desde luego existen retos de seguridad muy importantes (...) hay que subrayar que hay una diferencia entre el momento en el que se da la primera corrida de los camiones que eventualmente fueron secuestrados, y el momento en el que se tiene la denuncia, a finales de marzo, e inmediatamente después, en un par de días, se tienen las primeras detenciones y se lleva a cabo todo el trabajo por parte de Policía Federal, Secretaría de Marina, no solamente para las detenciones, sino para el trabajo coordinado, incluso con las líneas de camiones, para poderlas proteger y poder mantener el servicio en esos momentos.

Antes, el funcionario había señalado en su blog que ésta no es la guerra del gobierno contra las drogas, sino la lucha de todos los mexicanos por construir una seguridad auténtica basada en la ley y la justicia.

Poiré Romero escribió que durante una conferencia que impartió hace unos días en la Universidad de Harvard, declaró que el gobierno federal decidió asumir el costo político de combatir al crimen organizado a sabiendas que los resultados de esta lucha se perciben con mayor claridad conforme se avanza en los proyectos de consolidación institucional. Pero una política de omisión, simulación, o peor aún, de negociación, hubiera sido negligente y criminal; habría postergado por mucho más tiempo las soluciones reales y dejado a la población a merced del crimen.

Expuso que durante su conferencia La lucha de México por la seguridad: estrategia y principales logros, mencionó que los objetivos de la estrategia nacional de seguridad son: fortalecer e imponer el estado de derecho y disminuir la incidencia delictiva y que “el éxito de esta lucha por la seguridad necesita de profundas transformaciones institucionales, sobre todo en el ámbito local.

Sólo 9 por ciento de todos los crímenes son responsabilidad de la autoridad federal en cuanto a su investigación y procuración de justicia; el resto son del fuero común. Sin embargo, el gobierno federal no se ha desentendido, sino que ha acudido al auxilio de autoridades locales y ciudadanos, y con el apoyo del Congreso, ha puesto a disposición de estados y municipios recursos sin precedentes mediante subsidios para la seguridad pública.