León, Gto., 27 de abril. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guanajuato informó que uno de los 183 cuerpos hallados en las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, corresponde a Eleazar Martínez, originario de Irapuato, quien estaba en la lista de 60 migrantes oriundos de la entidad desaparecidos en aquel municipio fronterizo entre el 22 y el 27 de marzo pasados.

En conferencia de prensa, Carlos Zamarripa, titular de la PGJE, señaló que tras la liberación de 68 personas secuestradas, el pasado 21 de abril en Reynosa, Tamaulipas, se ubicó a ocho guanajuatenses con vida, uno de Celaya, otro de León y seis de San Miguel de Allende.

En otro grupo de 51 personas liberadas el pasado lunes, también en Reynosa, estaba otro guanajuatense originario de San Francisco del Rincón.

Seis de esos nueve liberados estaban en la lista de 60 denuncias presentadas por familiares de los migrantes. De los otros tres se desconoce si estaban desaparecidos.

Zamarripa señaló que se trabaja en coordinación con la PGJE de Tamaulipas y la Procuraduría General de la República (PGR) para analizar y compartir información referente a dactiloscopia y señas particulares.

Utilizando la técnica de necrodactilia para efectuar los cotejos dactiloscópicos, fue posible la identificación de uno de los cadáveres, que corresponde a quien en vida se llamó Eleazar Martínez Camacho, cuya muerte nos indigna y nos obliga a garantizar a sus deudos que se castigará a los culpables, señaló.

Acerca del migrante de Irapuato identificado entre los cuerpos sin vida, el procurador indicó que el gobierno estatal realizará los trámites necesarios para el traslado del cuerpo a su lugar de origen.

Apuntó que se trabaja en 37 muestras más que se recabaron en la ciudad de México, adicionales a los 60 perfiles genéticos, para determinar si hay más guanajuatenses entre las víctimas.

Por otra parte, el gobierno de Tamaulipas rechazó que haya fragilidad institucional y afirmó que en el ejercicio de sus facultades constitucionales mantiene plenamente el control de la entidad.

Señaló que en coordinación con los 43 municipios y el gobierno federal realiza tareas de vigilancia en ciudades, carreteras y caminos de la región.

En un comunicado, destacó que la PGJE colabora con la PGR en las investigaciones y en los trabajos relacionados con las fosas de San Fernando.

Agregó que hay un trabajo intenso del gobernador Egidio Torre Cantú con los alcaldes de municipios con mayor incidencia delictiva.

Luego de que el martes Alejandro Poiré Romero, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, afirmó que en Tamaulipas la fragilidad institucional de autoridades municipales y estatales conlleva consecuencias preocupantes, las autoridades subrayaron que el operativo San Fernando ha mejorado las condiciones de seguridad para la población y que el estado no ha regateado su participación en las indagatorias y las diligencias del caso de las fosas clandestinas.