Más de 130 de las 183 personas asesinadas por integrantes del cártel de Los Zetas, cuyos restos fueron encontrados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, murieron a consecuencia de golpes con objetos contundentes que les provocaron, en muchos casos, traumatismos craneoencefálicos, revelaron funcionarios federales y estatales que participan en las investigaciones.

De acuerdo con la información recabada por La Jornada, la mayoría de las víctimas –entre ellas 20 mujeres– tenía entre 25 y 40 años edad, y se estima que 80 por ciento de los cuerpos presentan huellas de tortura, que les provocaron fracturas expuestas y craneoencefálicas, según el resultado de las necropsias y los peritajes realizados para identificación genética.

El diario estadunidense The Washington Post reveló en días recientes que los cárteles mexicanos están utilizando nuevas formas de salvajismo, y que en el asesinato de las 183 personas se recuperaron pocos casquillos y reducidas pruebas de que habían sido ejecutadas con arma de fuego.

“La mayoría murió de trauma contundente en la cabeza y se cree que un martillo encontrado en la escena del crimen haya sido utilizado en las ejecuciones, de acuerdo con los investigadores mexicanos y los funcionarios estatales”, indicó The Washington Post.

La Jornada confirmó con funcionarios federales y tamaulipecos que 80 por ciento de las personas asesinadas presentaban golpes contundentes que les provocaron traumatismos craneales y que antes de matarlas fueron torturadas y despojadas de ropas, pertenencias e identificaciones.

Según las fuentes consultadas –que por seguridad solicitaron el anonimato–, los primeros 40 cadáveres que se hallaron a principios de abril correspondían a restos de personas que fueron privadas de la vida en los últimos 10 días de marzo, pero que difícilmente pueden ser identificadas por la acelerada descomposición provocada por el clima, el terreno y la falta de condiciones que preservaran los cuerpos.

De acuerdo con los funcionarios consultados, en otros casos en que se han recuperado cadáveres de fosas clandestinas, los ejecutores meten los cuerpos en sacos o algún otro material que permite una mejor conservación, pero en San Fernando los cuerpos fueron echados a la tierra en forma directa, lo que provocó contaminación de pruebas en alto grado, debido a que muchos de los restos se confundieron y para realizar los exámenes genéticos las muestras han tenido que obtenerse de huesos, lo que se traduce en más tiempo para la identificación del ADN.

Entre las líneas de investigación, una está enfocada a esclarecer si, como se sospecha, las propias víctimas cavaron las fosas en que fueron sepultadas.

Uno de los criminólogos entrevistados sostuvo: “Los ejecutores tuvieron una conducta sádica, de desprecio por los seres humanos… por la vida. De acuerdo con las pruebas encontradas, prefirieron usar objetos contundentes antes que gastar un cartucho para quitarles la vida y ahorrarle sufrimientos a sus víctimas. Se presume que fue para demostrar a las comunidades en que operan que son capaces de cualquier cosa y son ellos los que tienen el control y el poder”.

Acerca de las causas por las cuales fueron asesinadas las 183 personas, Alejandro Poiré Romero, vocero del gabinete de seguridad nacional, dijo ayer en conferencia de prensa que “entre las líneas de investigación se encuentra el reclutamiento forzado a partir de la propia lucha entre Los Zetas y el cártel del Golfo, y a que las personas eventualmente se resisten y por eso los criminales las ultiman en forma artera. También se ha manejado que se trata de secuestros que concluyen con la muerte de las personas”.

Manifestó que “casos como el de Tamaulipas ilustran la realidad provocada por grupos de delincuentes para quienes el abuso del otro, el secuestro, la extorsión, el homicidio, se han convertido en una forma de vida. Para quienes no tienen límite alguno en su actuación ni traza de sentido moral ni ético en su vida. Son miembros de bandas que se desarrollaron durante décadas –Los Zetas nacen en la segunda mitad de los años 90, como brazo armado para la protección y expansión del cártel del Golfo–, que en su intento por controlar el negocio criminal de otras bandas, y en sus propias purgas internas y su corrupción de la autoridad, amenazan la tranquilidad de la población y la viabilidad del imperio de la ley en aquella zona del país”.

De acuerdo con las investigaciones, la mayoría de los 183 cuerpos hallados en 40 fosas clandestinas en el municipio de San Fernando son de personas que viajaban en autobuses de pasajeros desde distintos puntos de la República, como Guanajuato, estado de México, Michoacán y Oaxaca.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada ha afirmado que los asesinatos fueron obra de integrantes de Los Zetas y por esos hechos han sido detenidos 74 presuntos responsables, entre ellos Esvi Leonel Batres Hernández o Esvin Leonel Batres Hernández, Johnny Torres Andrade y Martín Omar Estrada de la Mora, El Kilo, líderes de células de ese grupo criminal, además de 17 policías municipales de San Fernando.