Más de un centenar de organizaciones defensoras de derechos humanos advirtió sobre los riesgos que implica la Ley de Seguridad Nacional que actualmente debate el Congreso, ya que justifica la presencia del Ejército en labores que no le corresponden, en detrimento de las garantías individuales de los ciudadanos.

Mediante una carta enviada a los miembros de las comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos, así como a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política, los colectivos lamentaron que muchos de los candados que había puesto el Senado para poner bajo control civil a las fuerzas armadas, hayan sido retirados en el predictamen que ahora se analiza.

La misiva, firmada por algunas de las organizaciones civiles más importantes del país, entre ellas la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señala que es sumamente preocupante la regularización del Ejército en tareas policiacas, y la ausencia de controles democráticos sobre las fuerzas castrenses.

Sobre el primer punto, menciona que la creciente participación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad interna se contrapone con lo indicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que ha sido claro en apuntar que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función del Ejército.

En abierto desprecio por esa opinión, el Estado mexicano ha intensificado desde 2007 la participación de los militares en labores policiacas en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, sin que esto haya significado un descenso en los niveles de violencia, sino todo lo contrario.

“Es un hecho –señalan las organizaciones firmantes– que la violencia en México se ha incrementado de manera sensible en los pasados cuatro años, y una de sus causas y manifestaciones más notorias es justamente la intensificación de la participación de elementos de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública”.

En todo el país, recordaron, hay más de 60 mil soldados patrullando las calles, y en 17 entidades los encargados de los cuerpos policiacos son militares, lo cual ha incrementado en mil por ciento el número de quejas contra estos uniformados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) entre 2006 y 2009.

Por otro lado, la Ley de Seguridad Nacional le otorgaría al Poder Ejecutivo un amplio margen de discrecionalidad en el despliegue de elementos de la fuerza armada permanente, sin controles institucionales para prevenir y sancionar potenciales abusos y arbitrariedades en el uso de la fuerza.

De esta forma, dicho proyecto estaría muy lejos de armonizar la legislación interna del país con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, como puede verse en los casos de Rosendo Radilla, Valentina Rosendo e Inés Fernández, y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, todos ellos con sentencia en su favor de la CIDH.

En el predictamen que discute en este momento la Cámara de Diputados se omitió cualquier referencia a la potestad de los tribunales civiles cuando ocurran violaciones graves a los derechos humanos, y en cambio se refuerzan las atribuciones de los juzgados castrenses.

Aunque supuestamente ya se retiró del texto la facultad del Ejército para reprimir movilizaciones generadas por conflictos sociales o laborales, los colectivos firmantes llamaron la atención sobre el riesgo de que se imponga un sistema de excepción penal que criminalice conductas que no son delictivas, como la protesta social pacífica, la defensa de derechos humanos o el ejercicio del periodismo.

A pesar de las advertencias de la CIDH, el Estado mexicano presenta una creciente excepcionalización del derecho, reflejada en la actuación sin controles democráticos de las fuerzas armadas, lo cual lleva a la sociedad entera a un nivel preocupante de vulnerabilidad ante los excesos del poder.

De esta manera, el gobierno del país ha dado pie a la creación de un universo paralegal constituido por normas de excepción, entre cuyas víctimas podrían estar los movimientos civiles pacíficos que se manifiestan en las calles.

Por todo lo anterior, los colectivos firmantes llamaron a los diputados a que la redacción de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional se sujete a los estándares de derechos humanos, lo que implica que la protección de un derecho jamás representaría la suspensión o restricción de otro.

Además, exhortaron a que se obedezca la resolución de la CIDH en cuanto a la prohibición de que los juzgados militares analicen casos donde se encuentren involucrados civiles; se incorporen las recomendaciones internacionales en esa materia, y que las comisiones unidas de ambas Cámaras discutan una propuesta que recoja puntos de vista plurales.