El gobierno del estado de Baja California desoyó el citatorio del grupo de trabajo plural de la Cámara de Diputados que investiga las violaciones a la ley en la instalación de la regasificadora Costa Azul, de la trasnacional Sempra Energy, al enviar a funcionarios de tercer nivel a comparecer ante los legisladores federales que elaboran un informe sobre los actos de corrupción que encierra la operación de esa empresa en las regiones de Ensenada y Mexicali.

El grupo de trabajo aceptó las condiciones que había impuesto la delegación de funcionarios que estarían encabezados por el secretario de Gobierno de Baja California, Cuauhtémoc Cardona, con objeto de reunirse ayer por la tarde para responder a las preguntas que circulan en torno a las denuncias de irregularidades y corrupción contra Sempra y el gobierno panista de Eugenio Elorduy. No obstante, José Guadalupe Osuna, gobernador de aquella entidad, envió a funcionarios de tercer nivel a encontrarse con los legisladores federales.

No asistió a San Lázaro Cuauhtémoc Cardona, quien encabezó el operativo policiaco-militar que rompió el orden legal impuesto por el ayuntamiento de Ensenada, al destruir los sellos de clausura que había acordado en febrero pasado el cabildo.

En aquella ocasión, Cardona irrumpió en las instalaciones de la empresa en compañía de elementos del Ejército y de la policía estatal argumentando que defendían una empresa estratégica para la seguridad nacional. La regasificadora, que había sido clausurada horas antes por una orden del ayuntamiento ensenadense, no presta servicio a la población del estado de Baja California y su función es abastecer de gas licuado natural a una planta termoeléctrica (también propiedad de Sempra) ubicada en Mexicali, que produce energía eléctrica de exportación a territorio estadunidense.

Durante el encuentro privado el diputado Víctor Galicia (PRI) expuso que las autoridades panistas en el estado violaron el ordenamiento ecoturístico de la región Tijuana-Rosarito-Ensenada (Cocotren), donde no se permite la instalación de empresas de alto riesgo. Los funcionarios enviados por Osuna y Cardona se limitaban a responder que dicha legislación sí contempla el uso de suelo para empresas como la regasificadora de Sempra.

¡Mienten!

Pero fue el diputado José Narro Céspedes (PRD), promotor de la investigación legislativa de las operaciones de Sempra en México, quien insistió en que la regasificadora Costa Azul representa un alto riesgo para el pueblo de Ensenada: Es una mentira lo que ustedes vienen a decirnos. Ocultan la verdad bajo artilugios legaloides, y sobre todo cobijan en la impunidad al secretario de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona. Ustedes como autoridad estatal está metidos en una maraña de responsabilidades y corrupción, les reprochó.

Los funcionarios, entre los que se encontraba un subsecretario de gobierno, otro jurídico y un empleado de Ecología estatal, guardaron silencio ante la argumentación de los diputados. Escucharon otro reclamo de Narro Céspedes, quien les recriminó haber implementado una persecución política y criminal contra un ciudadano como Ramón Sánchez Ritchie, cuyo gran delito es ser propietario legal de parte de los terrenos donde se instaló la trasnacional.

El legislador reclamó respuestas a los enviados del gobernador Osuna Millán y éstos guardaron silencio. Más aún cuando reprochó los actos de intimidación contra el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, y la violación a la división de poderes que afectaron la autonomía municipal del ayuntamiento ensenadense.

¿Por qué Cuauhtémoc Cardona, abrigado en la impunidad y la prepotencia, utilizó al Ejército Mexicano para defender a una trasnacional? ¿Por qué rompió los sellos que el cabildo había colocado para clausurar una empresa que pone en grave riesgo la integridad de los ciudadanos de Ensenada y representa un grave riesgo de desequilibrio?, preguntó.