Coincidente con la presentación del informe de la contraloría general en el que se denuncian graves irregularidades administrativas, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) conocerá un documento de la secretaría ejecutiva en que rebate los cuestionamientos y sale en defensa tanto del sistema de monitoreo de los espots de los partidos en radio y televisión como de la adquisición de inmuebles.

La discusión sobre las irregularidades en torno a la adquisición del equipo de monitoreo señaladas por la contraloría se dará tras la renuncia del director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Antonio Gamboa, principal responsable de la operación del sondeo. Desde que comenzaron a conocerse irregularidades del procedimiento de integración del sistema de monitoreo –por la Auditoria Superior de la Federación– han salido dos altos funcionarios responsables de su operación.

En su respuesta al informe del contralor general, Gregorio Guerrero, el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, rebate la denuncia de que hubo un sobregiro de 135 millones de pesos en el proceso de adquisición del equipo de monitoreo: Existen sólo 80 millones de diferencia entre el valor total del contrato plurianual 2008-2009 (325.3 millones y el monto total erogado (405.3 millones), no 135 millones de pesos. Esta diferencia está debidamente justificada por la paridad cambiaria (de dólares a pesos).

El documento del secretario ejecutivo rebate casi punto por punto las observaciones del informe del contralor, que fue retenido para el conocimiento del Consejo General casi dos meses, y ahora se presentarán de forma paralela. Ante los cuestionamientos de que el IFE debió sancionar a la empresa Solución Integral para el Monitoreo por incumplimientos reiterados en la entrega de equipos y el otorgamiento de capacitación, la secretaría ejecutiva dice que se impusieron sanciones por un millón de dólares.

Al referirse a las observaciones de que no se encontraron equipos presuntamene entregados, el reporte señala que el IFE sólo recibió 309 servidores y no 609, como dice la contraloría. Justifica la capacitación otorgada por la empresa puesta en entredicho (no se dio la capacitación), aduciendo que se tuvo que hacer en grupos más grandes para ahorrar tiempo y asumir las responsabilidades legales a tiempo.

Por lo que hace a la adquisición del edificio situado en Acoxpa, que según la contraloría se compró en un precio 583 por ciento arriba del avalúo original, el instituto reporta que costó 225 millones de pesos, frente al avalúo oficial de 262 millones, una diferencia en favor del IFE de 37 millones que compensaba, asegura, la inversión previa de 41 millones de pesos en remodelaciones cuando arrendaba el inmueble.

Tras considerar que no es correcto comparar un avalúo de 2007 –dos años antes de la compra–, que reportaba un valor de 45 millones de pesos, el IFE justifica pagar 225 millones porque el inmueble tuvo importantes modificaciones en ese periodo. Se pasó de tener acabados austeros a otros de lujo y se construyó una plaza comercial en sus alrededores, lo que incrementó el valor del edificio, señaló.